América Latina tiene experiencia en constituciones. Varias de sus naciones se encuentran entre los escritores más prolíficos del mundo de este tipo de documentos. Se dice que República Dominicana tiene el récord, con más de 30 desde 1844 (aunque muchas son revisiones menores).
Venezuela ha producido al menos 20. La Constitución de Brasil de 1988 estableció un tipo diferente de récord, con casi 150 páginas y obligando al gobierno a "fomentar el ocio como una forma de promoción social".
Menos claro es si los resultados del frenesí de la región por redactar constituciones justifica la energía gastada; a pesar de la abundancia de derechos otorgados, tiene las economías de crecimiento más lento del mundo y las sociedades más desiguales y violentas. Una de las naciones más exitosas de América del Sur, Uruguay, es una de las pocas que no ha elaborado una nueva Constitución en las últimas décadas.
Decididos, los chilenos votaron el domingo por una mayoría de casi cuatro a uno para convocar una Convención Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Casi la mitad de las personas capacitadas para votar, sin embargo, no lo hicieron.
El entusiasmo por el cambio en uno de los países hasta ahora más estables y prósperos del mundo en desarrollo no es difícil de explicar: hace un año, disturbios y protestas repentinas y prolongadas llamaron la atención sobre desigualdades profundamente arraigadas, servicios públicos de mala calidad y pensiones inadecuadas. Los críticos dicen que la Constitución actual carece de legitimidad porque se remonta a la dictadura militar del general Augusto Pinochet, aunque ha sido fuertemente enmendada desde entonces.
Los problemas de Chile no son únicos: muchos países de ingresos medios sufren una concentración de riqueza en pocas manos, servicios públicos deficientes e infraestructura inadecuada. La baja recaudación de impuestos de Chile, el 21% de la producción, es parte del problema, pero gravar y gastar más no es necesariamente la respuesta. Los vecinos Argentina y Brasil tienen impuestos mucho más altos que Chile, pero sus puntajes educativos en Pisa son significativamente peores.
Una nueva Constitución significa tanto riesgos como oportunidades. El peso chileno cayó a un mínimo histórico cuando el presidente Sebastián Piñera accedió a un plebiscito el año pasado. Todavía en agitación después de los disturbios, Chile elegirá a los miembros de su Convención Constituyente en abril, en medio de campañas políticamente cargadas para nuevos gobernadores y alcaldes. Gran parte del trabajo de redacción de la convención coincidirá con una campaña electoral presidencial y del Congreso.
Los optimistas sugieren que un umbral de dos tercios requerido para cambios constitucionales asegurará que la reputación de moderación de Chile perdure. Los pesimistas señalan que una barrera tan alta también puede producir un documento "maximalista" plagado de derechos para complacer a todas las partes. La reputación de moderación de Chile también es relativamente reciente; este fue el país que eligió a un presidente marxista en 1970, derrocado en un golpe militar tres años después.
Los líderes empresariales en Chile son mucho más pesimistas sobre la perspectiva de una nueva Constitución que la población en general, quizás porque tienen más que perder. En una reciente encuesta 48% dijo que el país terminará peor.
La vecina Bolivia también votó este mes, eligiendo devolver al poder al partido MAS, del ícono socialista Evo Morales, después de un año de gobierno interino caótico y a menudo inepto por parte de una administración provisional conservadora.
Ese voto fue aclamado con razón como una importante afirmación de la democracia en un país con una historia de golpes de Estado. Sin embargo, es probable que ambas naciones andinas descubran que la respuesta a problemas estructurales profundamente arraigados no radica en elecciones altamente polarizadas, sino en el trabajo paciente de construir consenso en la sociedad para lograr un crecimiento económico fuerte y sostenible, con los frutos ampliamente compartidos.
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