En un dictamen que puede tener serias consecuencias políticas, la instancia judicial más elevada de Reino Unido ha fallado por unanimidad de sus once miembros que el cierre del Parlamento británico forzado por el primer ministro Boris Johnson es ilegal.
Johnson justificó esta clausura de cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, por la necesidad de preparar una amplia batería de medidas de política doméstica para la próxima sesión legislativa. Así lo explicó a la Reina Isabel II, quien aceptó la suspensión de Westminster.
Pero varios parlamentarios y activistas denunciaron esa maniobra, al entender que el objetivo real de Johnson era evitar el escrutinio de la Cámara de los Comunes a su plan para implementar el Brexit el 31 de octubre.
Tras varios fallos contradictorios en instancias menores, el Tribunal Supremo dictaminó hoy que las razones alegadas por Downing Street no eran reales y el Parlamento debe ser reabierto de inmediato. Brenda Hale, presidenta del Supremo, leyó hoy el resumen de la sentencia, donde se califica de "ilegal" la suspensión, ya que persigue impedir la función de control del ejecutivo que debe realizar el Parlamento."No ha habido justificación de esta medida ante el Tribunal", reza la resolución.
Por ello, declara "nulo" el cierre de Westminster y pide al presidente de los Comunes, John Bercow, que inicie los preparativos para reiniciar las sesiones.
Johnson había prometido respetar el fallo, pero está por ver en que forma y manera.Pese a que la sentencia implica que Johnson mintió a la Reina, el primer ministro no está dispuesto a dimitir por ello, aunque es probable que lo pida así la oposición política.
La libra repunta al alza tras conocerse el dictamen. Los inversores creen que la reapertura del Parlamento facilitará la aplicación de la Ley que exige a Johnson una prórroga del Brexit si no alcanzar un acuerdo amistoso con la UE para implementarlo el 31 de octubre.
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