Ecuador ha quedado este jueves bajo un estado de excepción, decretado por el Ejecutivo, a raíz de protestas de varios sectores sociales y el bloqueo de carreteras por parte de los transportistas contra el alza del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo Moreno desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
El anuncio lo hizo en momentos en que arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
"Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", señaló el gobernante.
Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazó el decreto de estado de excepción y aseguró que mantendrán sus protestas.
"Nuestro rechazo frontal a esta declaratoria porque eso es ir en contra de los derechos del pueblo ecuatorianos", dijo a Efe al asegurar que convocarán a una "movilización indefinida".
El gobernante reiteró la apertura al diálogo y dijo que en su Administración siempre estarán "dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno".
La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en una rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes.
"Es el deseo del presidente y de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir", comentó antes de explicar que 19 personas fueron detenidas en las manifestaciones y argumentó que suspender los servicios públicos es un delito, penado con entre 1 y 3 años de prisión.
El titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó por su parte que la medida busca restituir el orden, la seguridad pública y ciudadana.
Sin entrar en detalles sobre las acciones que implican el estado de excepción, comentó que la medida establece como "zona de seguridad al territorio nacional".
"El estado de excepción presupone garantizar el desarrollo de las actividades sociales, económicas de la población, lo que significa su movilidad, su seguridad, sus derechos sus libertades", señaló.
Y subrayó que se establecerán acciones por parte de las autoridades "cuando se interrumpa el orden vigente".
Romo comentó que los cortes de vías en las protestas impiden a los ciudadanos ejercer sus derechos, trabajar y producir, y recalcó que el estado de excepción "está dado para garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse y trabajar".
Aseguró que la decisión del jefe de Estado no busca restringir la movilidad de los ciudadanos ni limitar sus actividades y autoriza "el empleo coordinado de la fuerza de la Policía y Fuerzas Armadas, en los casos que sea necesario para movilizar, despejar las vías".
Incluso, añadió, para requisar camiones, autobuses y otro tipo de artefactos que obstruyan las vías.
Durante la jornada, cientos de estudiantes universitarios rompieron las vallas de seguridad que cercaban los alrededores de Carondelet y se enfrentaron con policías con equipo antimotines, que dispersaron a los manifestantes con grandes cantidades de gas lacrimógeno.
En el norte y sur de la capital también hubo bloqueo de avenidas en las que los manifestantes quemaron llantas y palos, que los policías intentaban despejar una y otra vez.
Esa situación se repitió en varias ciudades en las que indígenas se sumaron a la protesta de los transportistas que rechazan la eliminación de los subsidios, que estuvieron en vigor durante cuarenta años.
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