El príncipe Mohamed bin Salman tiene responsabilidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, afirmó hoy la ONU en un informe que pide más sanciones internacionales contra el heredero de la monarquía saudí y continuar las investigaciones bajo los auspicios del organismo internacional.
El informe de cien páginas, fruto de seis meses de investigación de la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, concluye que el asesinato del 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul (Turquía) "fue resultado de un plan elaborado" y "premeditado" bajo la supervisión de altos cargos de la monarquía.
La muerte del periodista "constituye un crimen en el que otros Estados pueden aplicar la jurisdicción internacional, por lo que pido a éstos que tomen las medidas necesarias", subrayó en el texto la relatora, quien también citó la existencia de "evidencias creíbles" para investigar la responsabilidad de Bin Salman.
En el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos, Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades, "hasta que pueda probar que no tiene ninguna responsabilidad".
También solicita al Consejo de Derechos Humanos o en su defecto al Consejo de Seguridad o al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que abran una investigación más profunda del asesinato.
Khashoggi, columnista del diario "The Washington Post" abiertamente crítico con la monarquía de su país, fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, a donde se había dirigido para tramitar su matrimonio, un suceso que generó una amplia condena en la comunidad internacional.
"Las circunstancias de la muerte han llevado a numerosas teorías y alegaciones, pero ninguna de ellas quita responsabilidad a Arabia Saudí", sostiene la relatora.
Callamard, que viajó a Turquía a principios de este año para estudiar las circunstancias del crimen, determinó que en este caso hubo al menos seis violaciones de la ley internacional, entre ellas detención arbitraria, uso extraterritorial de la fuerza, tortura y desaparición forzada.
A estas violaciones se añadieron otras cuatro cuando las autoridades saudíes asumieron la investigación de los hechos, por la falta de transparencia, la falta de cooperación internacional en un delito transfronterizo o la ausencia de garantías de juicio justo.
Cortina de humo
El informe también critica la respuesta internacional al crimen, que considera "poco efectiva", y señala que sanciones como las impuestas por Estados Unidos contra 17 altos cargos saudíes (entre los que no se encuentra el príncipe Bin Salman) son "insuficientes" y deben ser incrementadas.
"Se trata de un crimen de Estado, y esas sanciones particulares contra individuos son una cortina de humo que reduce la atención hacia la responsabilidad estatal", afirma el informe de la relatora francesa, que el Consejo de Derechos Humanos tomará en consideración el próximo 26 de junio.
Entre los sancionados por Estados Unidos sí se encuentran el antiguo asesor de la monarquía saudí Saud al-Qahtani, considerado el principal autor intelectual del asesinato, y Mohamad al Otaibi, cónsul en Estambul en el momento del crimen.
El príncipe Bin Salman, de 33 años, ocupa oficialmente el cargo de viceprimer ministro de Arabia Saudí, y desde 2017 es el heredero aparente al trono saudí que desde 2015 ostenta su padre, el rey -y primer ministro- Salman bin Abdelaziz, en una monarquía tradicionalmente salpicada de intrigas familiares y luchas por el poder.
Organizaciones de derechos humanos consideran la absolutista monarquía saudí uno de los países con mayores violaciones de las libertades fundamentales.
Estas violaciones incluyen desde el frecuente recurso a los castigos corporales y las ejecuciones públicas hasta la segregación de la mujer en prácticamente todos los sectores, pasando por la intervención de Riad en el vecino conflicto del Yemen mediante bombardeos contra civiles.
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