La Ley Fintech toma tracción. Después que la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Bernardita Piedrabuena, adelantó la semana pasada en un seminario organizado por Deloitte sobre la pronta publicación de la primera batería de propuestas normativas ligadas a este marco legal, llegó el día.
Este lunes, la CMF detalló que las normativas estarán en consulta hasta el 10 de noviembre y serán aplicables a quienes se dediquen a la prestación de los servicios financieros establecidos en el Título II de la Ley Fintech.
Estos son: plataformas de financiamiento colectivo; sistemas alternativos de transacción; intermediación de instrumentos financieros; enrutamiento de órdenes; asesoría crediticia; asesoría de inversión; y custodia de instrumentos financieros.
La CMF detalló que para cada una de estas actividades se les aplicarán las regulaciones contenidas en esta propuesta que, tal como lo indica la ley, tendrán principios de proporcionalidad basada en riesgos, modularidad en los servicios prestados y neutralidad tecnológica.
La Comisión especificó que en relación a proporcionalidad, la propuesta de regulación considera su aplicación teniendo en cuenta la naturaleza, interconexión, volumen y complejidad de las actividades que realicen las entidades.
En el caso de algunos servicios específicos se aplicarán disposiciones diferenciadas en atención a los riesgos de sus actividades, así como también se podrán eximir de ciertos requerimientos en consideración a la escala, como de la naturaleza de sus operaciones.
Los requerimientos
La propuesta establece en un único cuerpo normativo los requerimientos aplicables a dichos prestadores de servicios en materia de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros; la autorización para la prestación de estos servicios; las obligaciones de divulgación y entrega de información a los clientes y al público en general; los requerimientos de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos; la definición de los requerimientos de gestión de riesgo operacional; exigencias de capital y garantías; y las actividades inherentes a los servicios regulados.
En paralelo, la CMF indicó que trabaja en la regulación de las exigencias en materia de capacidad operacional atingentes a los sistemas alternativos de transacción, intermediación de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes y custodia de instrumentos financieros, así como también en las exigencias de información para fines de fiscalización a la que quedarán sujetos los prestadores de servicios fintech.
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