Las alarmas en la industria financieras se encuentran encendidas ante la tramitación de un nuevo proyecto de ley que establece un “borronazo” de los registros de deuda. La iniciativa parlamentaria sería de carácter universal, regiría para las obligaciones financieras menores a $ 2,5 millones, pero no condonaría las deudas impagas.
La moción parlamentaria es promovida por el diputado (PS) Daniel Manouchehri y apoyada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos, Miguel Ángel Calisto (DC), Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL) y Sofía Cid (RN). El objetivo es prohibir a los responsables del registro o banco de datos, entregar la información sobre deudas impagas de las personas contraídas hasta el 30 de abril de 2022.
“Es un ejemplo de mala política pública que con la intención de favorecer a los consumidores, terminará afectando a aquellas personas que a través de un crédito, quieran financiar algún proyecto”, dice el vicepresidente de Retail Financiero, Claudio Ortiz.
Esta regulación se aplicaría a los distribuidores de información de carácter económico financiero, bancario o comercial. Entre los actores más destacados de este negocio se encuentra Dicom, de la firma internacional Equifax.
El proyecto establece la obligación de eliminar de los registros y bancos de datos las obligaciones exigibles e impagas inferiores a $ 2,5 millones por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro.
Así, se eliminarían todos los datos de deudas menores a este monto que se encuentran impagas.
Efecto de la pandemia
Los parlamentarios que impulsaron la moción justificaron la iniciativa porque “luego de la crisis asociada a la pandemia, se hace urgente incorporar un ‘borrón y cuenta nueva’ a la información que poseen diversas entidades de manera de que los ciudadanos puedan tener un respiro para volver a emprender, trabajar, comercializar, arrendar, etc. En definitiva, dar tranquilidad a las familias para que puedan reactivar la economía”.
Las críticas de la banca y el retail financiero
El vicepresidente de Retail Financiero, Claudio Ortiz, considera que el proyecto “es un ejemplo de mala política pública que, con la intención de favorecer a los consumidores, terminará afectando a aquellas personas que a través de un crédito, quieran financiar algún proyecto”.
Ortiz explica que, a diferencia de propuestas anteriores, que buscaban prohibir la comunicación de los datos que manejan los agentes crediticios, “esta iniciativa busca la eliminación de estos datos, lo que afectará no solo a los distribuidores, sino que también a los emisores de crédito”.
Considera que “no solo es un ‘borronazo’ de información, sino que es un ‘borronazo’ de las deudas en el sistema, dado que esto podría transformarse en verdadero obstáculo para que las empresas puedan recuperar lo prestado”.
Desde la Asociación de Bancos (Abif) mencionaron que este proyecto “genera impactos inéditos y más severos que las iniciativas anteriores. Además de los efectos negativos en materia crediticia, imposibilita cumplir con la regulación prudencial -constitución de provisiones y capital regulatorio-, entre varios otros efectos”.
En el Retail Financiero vaticinan que “el solo debate de esta materia afectará la moralidad de pago de las personas, ante las falsas expectativas que se generarán por la posibilidad del ‘borronazo’ de deudas”.
Mientras que la Abif apunta a que “los efectos de contar con mayor información crediticia permiten mejorar el acceso a crédito, reducir los costos del crédito, y evitar el sobre endeudamiento”.
El gremio que preside José Manuel Mena recuerda que con los “borronazos” de 2002 y 2012, “el crédito se contrajo especialmente en los segmentos de menores ingresos”.
La banca hizo un llamado a los parlamentarios a avanzar en la creación de un registro de deuda consolidada, iniciativa que ingresó el exPresidente Piñera y que está dentro del plan de gobierno del Presidente Gabriel Boric.
“Más que impulsar iniciativas que terminan afectando negativamente la inclusión financiera, como es el caso del proyecto de ley, debemos buscar cómo avanzar en perfeccionar los registros de información”, indica el gremio bancario.
La banca sostiene que “el registro consolidado de deudas va en directo beneficio de las personas, pues permite contar con más y mejor información, y así acceder a mejores condiciones crediticias”.
El estado de morosidad
El proyecto será discutido hoy a las 17:30 en la comisión de Economía de la Cámara y están invitados la Abif, organizaciones de consumidores y la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.
El último informe de deuda morosa desarrollado por la Universidad San Sebastián y Equifax arrojó que al cierre del primer trimestre existían 4.114.649 personas morosas, un 17% menos que en el peak de la pandemia y la deuda promedio fue de $ 1.901.338, el valor más bajo en 36 meses.
El monto total de la deuda morosa del país llegó a US$ 9.600 millones de dólares, experimentando su quinta caída trimestral consecutiva, el nivel más bajo en 48 meses.
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