Esta semana, el Gobierno dio una señal al empresariado: la reforma al sistema de permisos sectoriales que depende del Ministerio de Economía y la modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), del Ministerio de Medio Ambiente.
Si bien ambas iniciativas fueron valoradas por el gremios del sector privado, se levantaron algunos matices sobre cómo están elaborados los cambios que quiere impulsar la administración del Presidente Gabriel Boric. Uno de ellos fue el departamento de estudios de Bci.
En un informe, la entidad señaló este viernes a sus clientes que la iniciativa “fija objetivos menos ambiciosos de lo que se había comprometido”.
En el reporte, se recordó que actualmente existe una “gigantesca carga burocrática, tortuoso proceso y discrecionalidad” en algunas etapas al momento de presentar los proyectos de inversión por parte de las empresas.
Esto, “hace que el tiempo y costo para iniciar un proyecto sea extremadamente elevado, llevando a menores inversiones”, según Bci Estudios.
Las estimaciones del banco es que esta situación se trata de un nudo crítico para la economía, convirtiéndose en “uno de los principales dolores de nuestra economía, que ha llevado a una tasa de inversión de tan solo 22% del PIB, casi cinco puntos por debajo de los registros de hace 20 años”.
Para la entidad financiera, esto “ha derivado, además de otros factores, a bajas muy significativas en nuestro crecimiento proyectado de largo plazo, en 1,9% de acuerdo al Banco Central”.
Los plazos
La iniciativa de Boric apunta a una reducción de 24% en los plazos, “menos ambicioso de la señal inicial que se dio, y facilitar procedimientos de algunas etapas”.
El banco consideró que en términos generales, las reformas “si bien se avanza en la dirección correcta, parecen ser demasiado tímidos sus objetivos”.
Hicieron presente que en Chile, el tiempo promedio para aprobar un proyecto de inversión toma entre tres y cuatro años, mientras que en el mundo desarrollado es la mitad.
Así, la entidad consideró que “es importante hacer esfuerzos por al menos acercarnos a los estándares que se reconocen en los países avanzados, porque detrás de ello hay impactos en competitividad y, por cierto, en el propósito de alcanzar un mayor bienestar y desarrollo para Chile”.
Dentro del proyecto se establece una ventanilla única para los trámites, examen de admisibilidad y una modificación a la Ley General de Bases del Medio Ambiente. Se contempla además la participación temprana con comunidades, al tiempo que se introduce el silencio administrativo como última instancia de resolución, de forma de acotar tiempos.
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