Valoración, pero también preocupación por ciertos aspectos se asoman de cara a la tramitación legislativa de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Con el proyecto en mano, abogados y una exautoridad analizan su contenido, donde ya se advierten tópicos que podrían marcar la discusión que comenzará el martes en la comisión de Medio Ambiente del Senado.
Para Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, si bien el proyecto contempla reformas interesantes, como la eliminación de las Coeva (Comisión de Evaluación Ambiental), las propuestas no abordan totalmente las causas del problema. “La demora en la tramitación de proyectos se debe al bombardeo de observaciones de los distintos servicios, las que cada vez son más extensas, lo que obliga a los titulares a suspender la tramitación por tiempos cada vez más largos”, dice. A su juicio, “si bien es un aporte la eliminación del componente político en el SEIA, también se requiere de una regulación mejor a nivel técnico, que evite la discrecionalidad y dote de mayor certeza al SEIA”.
Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente
“Hay proyectos que son complejos, que una decisión de una autoridad unipersonal probablemente no es suficiente”
Romina Tobar, directora ambiental de Prieto
“Se deben monitorear los términos y el alcance de la participación ciudadana anticipada para que no sea un aspecto que impida la ejecución de proyectos”.
Ignacio Urbina, socio medioambiental del Estudio Fermandois.
“Si bien es un aporte la eliminación del componente político en el SEIA, también se requiere de una regulación mejor a nivel técnico, que evite la discrecionalidad”.
El abogado y exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Cash, advierte un nudo asociado a la necesidad de relevar el componente técnico en la evaluación ambiental, reemplazando a los integrantes de las comisiones de evaluación por directores regionales de los servicios que emitieron sus observaciones en el marco de la evaluación. En esta materia, dice, “la ley exige que voten en función del principio de congruencia, lo que implica un desafío de coordinación y diálogo permanente al interior de la administración”.
Sobre la eliminación de las Coeva, Pablo Badenier, exministro del Medio Ambiente, asegura: “Hay proyectos, fundamentalmente Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que son complejos, que una decisión de una autoridad unipersonal probablemente no es suficiente, y que los gobiernos regionales y las decisiones que se toman en regiones probablemente va a tener que seguir teniendo una decisión de carácter colegiada, quizás un cuerpo colegiado más pequeño de otras características”.
A esto se suman flancos respecto a la participación ciudadana. Más allá de extender su potencial aplicación para las Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Cash cree que el desafío está en acotar debidamente el régimen recursivo, “de manera de garantizar que la Administración deba abordar aquellas observaciones que son estrictamente pertinentes y fundadas, a efectos de no colapsar administrativamente la capacidad técnica instalada”.
Badenier advierte que “los procesos de participación ciudadana se van a multiplicar por varias veces”, pero “no estamos cambiando el proceso de participación ciudadana”. “Tenemos que dar un siguiente paso y es poder hacer que las participaciones ciudadanas sean procesos de mayor valor al proceso de evaluación”, enfatiza.
Urbina dice que la consideración temprana de los distintos grupos de interés es algo positivo para los proyectos y es conveniente que la legislación formalice esta buena práctica. Asimismo, “la regulación actual ha limitado la participación ciudadana en las DIA y eso ha generado judicializaciones que podrían ser evitadas, por lo que es una buena idea flexibilizar el acceso a la participación ciudadana en los distintos instrumentos de evaluación”.
Romina Tobar, directora ambiental de Prieto, destaca que la incorporación de una participación ciudadana anticipada es una práctica que muchos titulares de grandes proyectos ya lo vienen implementando, “por lo que regularlo es altamente deseable”. No obstante, dice, “se deben monitorear los términos y el alcance que se le pretenda dar a la participación ciudadana anticipada de manera que no sea un aspecto que impida la ejecución de proyectos”.
Término anticipado
Tobar advierte que hay algunas medidas que van en sentido contrario, como la ampliación en el plazo que tiene la autoridad para decretar el término anticipado de la evaluación ambiental a 20 días o 15 días después de presentada la primera Adenda, se trate de un EIA o una DIA, respectivamente. “En días legales puede no ser tan significativo como lo es en realidad en días totales”, dice.
Mientras, entre otros nudos que identifica Badenier, pone atención en la modalidad que propuso el Ejecutivo para disminuir las consultas de pertinencia: “Creo que es un instrumento valioso, pero creo que no están las confianzas suficientes para que sea reemplazada por una declaración jurada”.
Ejecutivo ingresa al Congreso ley corta a la SMA
Mientras la reforma al SEIA ingresó el miércoles al Senado, este jueves hizo lo propio a través de la Cámara de Diputados la ley corta de fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), iniciativa que busca fortalecer las funciones de fiscalización y sanción de la entidad, corregir aspectos clave y adaptar al servicio a nuevas áreas de intervención, como la Ley REP e impuestos verdes, entre otros.
En el articulado de 44 páginas se asegura que “esta reforma busca subsanar las brechas, dificultades y vacíos que presenta el modelo de fiscalización y cumplimiento, junto con avanzar a un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fije reglas claras para todos los interesados y cumpla efectivamente su finalidad, esto es, dar respuesta oportuna al incumplimiento ambiental”.
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