El Gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast comienza a entregar sus primeras definiciones en materia económica.
La mañana de este jueves, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, informó que en las próximas semanas el Ejecutivo presentará un paquete de medidas que buscan dinamizar la economía, a lo que sumó que la reforma tributaria para reducir el impuesto corporativo a las empresas será anunciada el próximo primero de abril.
En conversación con radio Duna, el titular de la Segpres sostuvo que “el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) va a informar en los próximos días un paquete de medidas económicas. Varias de ellas que significan proyectos de ley y otras medidas administrativas”.
Explicó que “porque el ministro tiene varias dificultades. La primera es la situación fiscal que hemos heredado, con un déficit fiscal con cifras alarmantes y un precio del cobre alto. Se han dado condiciones especiales que no se reflejan en la situación fiscal”.
Agregó que “lo otro es que la economía vuelva a crecer, eso es fundamental, porque para disminuir el déficit no solo es reducir un gasto público sin reducir derechos sociales, sino que la economía recaude más”.
García Ruminot planteó que “por eso que poner en marcha la economía es fundamental. Alivianar muchas cargas de permisos para que se materialicen las inversiones”.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a su equipo. Foto: Ministerio de Hacienda
El plan en cuestión
Según distintas fuentes, la idea que trabaja el equipo económico, encabezado por Quiroz pero en el que también aportarán insumos clave los titulares del Medio Ambiente, Francisca Toledo; de Economía y Minería, Daniel Mas; de Vivienda, Iván Poduje; de Obras Públicas, Martín Arrau; y del Trabajo, Tomás Rau, es presentar un plan de medidas económicas con un mix entre simplificaciones regulatorias y rebajas de impuestos para impulsar la actividad.
En lo primero, se trabaja en modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con la idea de simplificar el tránsito que deben realizar los mandantes de proyectos de inversión.
Según anticipó Quiroz en entrevista con DF Mas el pasado 24 de enero, se trata de emular el sistema que impera en Brasil. En ese país, cuando una empresa obtiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), está autorizada para iniciar su inversión, y si alguien reclama ante la justicia u otra instancia, es el Estado el que continuará la litigación y no el inversor.
Pero si después hay un problema con el avance del proyecto, es el Estado el que responde ante el litigante. Este es un cambio legal que busca hacer funcionar el Sistema de Evaluación Ambiental "sensatamente", dijo en esa oportunidad el hoy secretario de Estado.
También, se busca establecer que si el proyecto termina siendo rechazado en instancias posteriores pese a tener su RCA aprobada, dado que fue el Estado el que entregó mal el permiso, será el Estado quien tendrá que compensar a los afectados.
El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se trasladó a Paraguay para participar en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta medida será complementaria al decreto presidencial firmado este miércoles que busca destrabar 51 proyectos de inversión paralizados en distintas etapas de tramitación en el SEIA, por un monto superior a los US$ 16.000 millones.
Adicionalmente, en materia tributaria se trabajan distintas iniciativas: por una parte, la reforma impositiva que busca reducir el impuesto de Primera Categoría que grava las utilidades corporativas, desde un 27% a un 23%; la creación de un nuevo crédito tributario para incentivar a las empresas que contraten a personas en riesgo de caer en la informalidad, lo que podría hacer que la tasa de impuesto llegue a un 20% o inclusive menos; ajustes para acotar la aplicación de la Norma General Antielusión en el Servicio de Impuestos Internos (SII); la eliminación del impuesto que grava con un 10% las ganancias de capital en operaciones bursátiles líquidas; y la eliminación gradual de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo en los adultos mayores de 65 años.
Mientras que en vivienda y en obras públicas, se busca avanzar en una "desregulación del suelo" a través de modificaciones a las regulaciones existentes en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esto se podría hacer vía decreto. Por ejemplo, se busca ajustar los parámetros de densidad, que fijan referencialmente el tamaño de un hogar. Con ese parámetro se deduce, por ejemplo, cuántos departamentos caben en un edificio. Eso permitiría que en el mismo edificio se puedan construir más unidades.
El equipo de Teatinos 120 y del resto de las carteras económicas se encuentran analizando cuántos proyectos de ley se presentarán y cuántos ajustes se realizarán por la vía administrativa. Se espera un primer anuncio para la próxima semana.
Si bien Quiroz esperaba en febrero realizar un trabajo prelegislativo con parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda, lo cierto es que aún no están definidas las conformaciones de las instancias técnicas en el Congreso, por lo que dicho trabajo se iniciará en los próximos días.
También, se espera que convoque a actores del mundo empresarial, pequeñas y medianas empresas, y la academia para recoger opiniones de las iniciativas a ingresar al Congreso.
Ajustes a 40 horas
El ministro también aterrizó la idea adelantada por el titular del Trabajo, Tomás Rau, de realizar modificaciones a la ley que reduce a 40 horas semanales la jornada laboral.
"No vamos a poner término a las 40 horas. O sea, eso va a continuar. Eso lo está analizando tanto el ministro del Trabajo con el ministro de Hacienda”, dijo García.
Explicó que la idea es hacer ajustes a esa normativa porque “la forma de computar las 40 horas que ha originado ciertas dificultades y también ciertas diferencias con la Dirección del Trabajo, que en eso haya mucho mayor claridad, que haya mucho mayor orden, de tal forma que en lugar de que se transforme en un problema, se transforme en algo muy claro”.
Agregó que “en la medida que los análisis ameriten que se haga algún tipo de modificaciones que no necesariamente pueden ser modificaciones de ley, sino que básicamente modificaciones en dictámenes de la propia Dirección del Trabajo”.
Sala cuna
Respecto al proyecto de ley de sala cuna, que hoy tramita la comisión de Educación del Senado y que generó fuertes roces entre el Gobierno entrante y el saliente, el ministro de la Segpres sostuvo que “lo vamos a revisar, porque tiene un costo fiscal importante cuando no hay plata”, afirmando que “sala cuna es una de las iniciativas que está en el programa de Gobierno del Presidente Kast. Nos interesa aprobarlo, pero que esté debidamente financiado”.
García enfatizó que “no se va a retroceder en ningún tipo de beneficio, menos en los laborales. Hoy el derecho de sala cuna está solo para las empresas con 19 trabajadoras, pero queremos modificarlo con responsabilidad fiscal”.
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