Tras la presentación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que el Gobierno informó el miércoles con el fin de reducir los plazos que requiere un proyecto de inversión para desarrollarse, todavía quedaba pendiente conocer cuáles serán los tiempos máximos que estarán en juego de acuerdo con el tipo de iniciativas que se busque impulsar.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, ya había adelantado que las disminuciones en el número de permisos por proyectos bordearían el 30% -algo que según la comisión Marfán implicaría un alza del PIB de 2,4% en 10 años-, y que cada uno sería parte de las cinco tipologías que debutan, cada una con tope de plazos.
Hoy existen 380 permisos, correspondiente a 16 ministerios y 38 servicios. De estos, la mitad no cuenta con plazos explícitos, lo que cambiará con el proyecto de ley.
De esta forma, las cinco tipologías establecidas son: (1) de administración y disposición, con un total de 120 días para su aprobación; (2) de localización, con 50 días; (3) de proyectos, con 50 días; (4) de funcionamiento, con 25 días; y de profesionales o servicios, con 60 días.
“Este proyecto de ley reducirá los tiempos de tramitación efectivos para proyectos públicos y privados. Veremos finalizados en menos tiempo los hospitales, las viviendas sociales y, especialmente, los proyectos de las empresas más pequeñas”, dice el ministro Grau.
Por ejemplo, para la instalación de un proyecto fotovoltaico se deberían solicitar permisos para poder disponer del territorio (1), para localizarse en un lugar específico (2), luego para desarrollar un determinado tipo de proyecto con una determinada tipología (3), y finalmente pedir las respectivas autorizaciones para su funcionamiento (4).
Estos plazos específicos, junto a la aplicación de otras medidas que incorpora la reforma -silencio administrativo, umbrales, itineraciones, por ejemplo-, se calcula que esta obra pasaría de un tiempo de tramitación actual de 4 años y 10 meses a uno de 3 años y 10 meses. Esto se traduciría en una disminución de plazos sectoriales de 24%.
Adicionalmente, para todas las solicitudes de permisos sectoriales que requieran de un proceso de evaluación mayor a 20 días, será obligatorio incluir un examen de admisibilidad. Esto, con el fin de que no entren en tramitación expedientes incompletos y así descongestionar los servicios encargados de la tramitación sectorial.
Los subsecretarios de Economía, Javiera Petersen, y de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, expusieron las reformas en Gobierno Informa. Foto: Agencia Uno
Declaraciones juradas
De acuerdo con Grau, esta reforma no cambia el nivel de exigencia o el estándar que se aplica a los proyectos de inversión, a lo que suma que la normativa que deben cumplir los proyectos durante su construcción, ejecución, operación o cierre sigue estando vigente para cada sector.
“Lo que sí hace la reforma es introducir distintos tipos de regímenes para habilitar proyectos de inversión que variarán según el riesgo de impacto sobre cada objeto de protección. Se incluirán las declaraciones juradas en reemplazo de las autorizaciones, mientras permitan resguardar adecuadamente el objeto de protección”, indica.
De esta manera, 92 de los 380 permisos serán reemplazados por una declaración jurada en caso de que las obras del proyecto de inversión sean de bajo riesgo. Esto se definirá sobre la base de umbrales que quedarán establecidos con la aprobación del proyecto de ley y el ajuste de los reglamentos de cada permiso.
Al reducir el nivel de uso de los permisos y reemplazar algunos de bajo riesgo por dichas declaraciones, “los servicios podrían responder en los tiempos estipulados porque concentrarán sus esfuerzos en los proyectos de más alto riesgo”, agrega el ministro Grau.
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