En medio de la batalla legal desencadenada en la demanda laboral de los exgerentes de Primus Capital, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, una silenciosa pero activa arista penal se ha desarrollado bajo el más cuidadoso secreto.
Se trata de una denuncia por estafa y otros delitos defraudatorios ingresada por el vicepresidente de la firma, Eduardo Guerrero, en contra de sus exsocios el pasado 5 de julio.
La acción dio inicio a las indagaciones de la Fiscalía de Las Condes, operación liderada por su persecutor jefe, Felipe Sepulveda.
Francisco Coeymans y Ignacio Amenábar.
En tanto, la ofensiva del factoring de Raimundo Valenzuela quedó en manos del abogado Francisco Veloso.
Según fuentes consultadas por DF, la causa ya se encuentra en la fase investigativa de la denuncia, con órdenes a las distintas policías y tomas de declaraciones a los principales denunciados: Coeymans y Amenábar.
Además de los exejecutivos de Valenzuela, al radar de la Fiscalía también entraron otras personas que habrían formado parte del “esquema defraudatorio” acusado por Primus, como Marcelo Rivadeneira, Pablo Ormeño, Juan Pablo Bañados, Antonio Guzmán y el doctor Rodrigo Mardones.
Los delitos investigados por el Ministerio Público serían estafa, administración desleal, falsificación de documentos y lavado de activos. Este último llevó a reservar la causa en los registros del Poder Judicial.
Lavado de activos
En detalle, el principal hecho que motivó la investigación del delito de lavado de activos fue la eventual ocultación jurídica de bienes de Coeymans y Amenábar, tras dos operaciones que habrían levantado la sospecha del Ministerio Público.
Todo comenzó el 28 de abril -10 días después de su autodespido de Primus-, cuando los acusados inscribieron en la Notaría Rieutord dos nuevas sociedades: Inversiones El Pastizal (Coeymans) e Inversiones El Roquerío (Amenábar). Ambas registradas bajo el nombre de las calles donde están sus domicilios, en la comuna de Lo Barnechea.
Según se puede desprender de los registros del Conservador de Bienes Raíces, ese mismo día Coeymans y Amenábar aportaron sus viviendas como capital para sus respectivas recién nacidas sociedades, quedando ambos domicilios en propiedad de estas últimas. Las dos operaciones, en tanto, fueron iniciadas por un requerimiento del abogado tributario de Clyde & Co., Joaquín de Solminihac, mismo estudio que los representa en la demanda laboral interpuesta en contra de Primus.
Medidas cautelares
Ante las diligencias y los delitos acusados, fuentes conocedoras del proceso revelaron que Fiscalía ya ejecutó medidas cautelares sobre inmuebles de Coeymans y Amenábar, los cuales no estarían ubicados solamente en Santiago.
Si bien, por ahora, las cuentas bancarias de los exejecutivos de Primus no han sido objeto de medidas precautorias, ya se alzó, por resolución judicial, el secreto bancario de los registros de los involucrados perfilados por Fiscalía.
Consultados por DF, los abogados de Francisco Coeymans señalaron que “no podemos referirnos a aspectos específicos porque no conocemos los datos y porque hemos decidido defendernos ante los tribunales de justicia”.
Foto: Agencia Uno
Penta, AC Inversions y Arcano: la trayectoria de Felipe Sepúlveda, el fiscal del caso Primus
En 2018, logró una condena de cinco años de cárcel al líder de AC Inversions, resultado poco común para los delítos financieros de Sanhattan.
Las diligencias del Ministerio Público por el caso Primus Capital quedaron en manos del líder de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda.
¿Quién es Felipe Sepúlveda? Al persecutor jefe no le son ajenas las emblemáticas causas financieras que han irrumpido en Sanhattan durante los últimos años.
Es más, la mayoría de los casos económicos que cruzan las oficinas de dicha fiscalía son revisados por Sepúlveda. Quienes lo conocen aseguran que “ya está entrenado” en todo lo que tiene que ver con estafa, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y administración desleal, reportó en marzo DFMAS.
Además de la arista penal de las denuncias del factoring de Raimundo Valenzuela, está a cargo de investigar las querellas por supuesto vaciamiento patrimonial interpuestas contra el empresario Álvaro Saieh.
Durante su trayectoria, la expertise en el área nació luego de pasar por las tutelas de Manuel Guerra y Carlos Gajardo. Con el primero -que ocupaba el puesto de fiscal regional Metropolitano Oriente- investigó el Caso Penta, contra Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.
En tanto, con Carlos Gajardo -cuando él ocupaba la jefatura de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente (después Sepúlveda lo reemplazó)-, indagaron la estafa de AC Inversions, una de las más grandes de Chile (los montos en el fraude superaron los $ 60 mil millones). En 2018, el persecutor logró una condena de cinco años de cárcel al líder de la compañía, Patricio Santos, algo que pocos fiscales han logrado para delitos económicos.
En paralelo, ha investigado otras causas de alto perfil, entre ellas la estafa del Grupo Arcano, de Alberto Chang; los sobornos de Sergio Jadue; y los casos Tragamonedas e Intervalores, el holding financiero de Gabriel Urenda. También ordenó la expulsión del Ministerio Público de la hija y el yerno del general en retiro Óscar Izurieta, luego de haber sido sindicados como responsables de haberlo ayudado a desprenderse de bienes de origen ilícito.
Una de sus últimas pesquisas fue el Caso Swell, una estafa que estalló en 2021 y que afectó a inversionistas de la firma.
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