Los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) escucharon por un poco más de dos horas los alegatos de Bci, la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la aseguradora Rigel y la corredora de seguros Burgos, en el marco del requerimiento que inició la Fiscalía en agosto de 2019 cuando acusó al banco de excluir arbitrariamente una propuesta que tenía un menor costo en la licitación de seguros de sus créditos hipotecarios.
De acuerdo a los antecedentes del caso, Bci habría descartado la oferta que contenía el menor precio, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora de BICE, con los servicios de corretaje de Bci Corredores.
Los abogados de la FNE expusieron ante el TDLC que la práctica del banco “causó un daño a sus clientes de crédito hipotecario y le implicó recibir ingresos que no hubiese recibido de otro modo”. Esto, pues argumentó que los clientes debieron pagar un sobreprecio por el seguro de gravamen.
La Fiscalía expuso que Bci “aplicó a su conveniencia las bases de licitación, estableció un requisito ad hoc que no estaba en las bases y porque evaluó finalmente de un modo diferente las propuestas que se presentaron a este proceso. Todo lo cual le permitió a sacar a la única oferta que había postulado con una corredora que no era de Bci”.
El organismo hizo ver que al declarar a Rigel y Burgos como ganadores, peligraba una fuente de ingresos para el banco del grupo Yarur: “Los ingresos por estos conceptos habían sido permanentes por Bci a través de su filial y estos ingresos justamente se ponían en riesgo”, indicaron los abogados.
La explicación que en su momento dio Bci para excluir a Rigel fue que los poderes conferidos a la corredora Burgos no cumplían con una de exigencias de las bases que eran copias autorizadas legalmente. A juicio de la FNE, éstas si estaban.
La FNE ejemplificó que para un crédito hipotecario de UF 5 mil, el seguro con Rigel y Burgos hubiese sido de $ 12.394. Mientras que con la oferta adjudicada a BICE seguros con el corretaje de Bci Corredores, los clientes terminaron pagando $ 14.941. Con este ejercicio, acusó que los incentivos de Bci no era reemplazar a Burgos, “sino que era sacarlo para seguir cobrando una comisión de un 15%”.
La Fiscalía estimó que, de esta manera, “se configura este abuso anticompetitivo, porque toda esta oferta hacía la prima más baja y ha obtenido ganancias que no le correspondían, perjudicando a los clientes hipotecarios”.
El rol de Rigel y Burgos
Los abogados de la aseguradora Rigel indicaron que su participación en el proceso de licitación de Bci “iba a inyectar competencia y se presentó la mejor oferta” ya que, “en su conjunto era sustancialmente la más conveniente, la más atractiva, la más competitiva”. Además, criticaron que el banco “invocó un argumento que no estaba contemplado en las bases para excluir la oferta”.
Ante ello, sostuvieron que Bci no aplicó “la misma vara con la que se midió al ganador en esta licitación, y no fue la misma con la que se midió a otras ofertas adjudicadas en el pasado. Por lo tanto, estamos ante una decisión que fue arbitraria, injustificada y que fue realizada por Bci”.
Mientras que los representantes de Burgos expusieron al TDLC que desde Bci “había un constante ninguneo” sobre la corredora durante el litigio y recordó que la firma tiene más de 20 años de experiencia en el mercado y que dentro de sus clientes han estado Scotiabank, Banco Security, entre otras entidades.
La defensa de Bci
La defensa de Bci aseguró que durante la licitación no hubo una exclusión arbitraria en contra de Rigel y Burgos en la licitación. Asimismo, cuestionó las indagaciones de la FNE debido a que “calcula los efectos económicos de una operación de esta naturaleza y lo calcula sobre la base de un crédito hipotecario típico o normal”.
Los abogados del banco mencionaron que entre 2017 y 2019 la entidad financiera aumentó su participación en el mercado de créditos hipotecarios ante la caída de tasas que hubo en ese período, por lo cual se preguntaron: “de qué abuso puede estar hablando, si no es bajo la perspectiva estrecha con que la Fiscalía pretende circunscribir este tema”.
Asimismo, catalogaron como “ofensivas” las declaraciones de la FNE respecto a un eventual comportamiento “abusivo”.
Tras los alegatos de las partes, ahora los ministros del TDLC comenzarán a redactar su resolución sobre el caso en las próximas semanas. Cabe recordar que la FNE solicitó una aplicación de una multa a Bci por cerca de US$ 3 millones.
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