La quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), ocurrida a fines de 2022, suma nuevas acciones judiciales.
La AGF de Vantrust Capital, administradora del Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II, que a su vez es el principal acreedor de la constructora, se querelló en contra de un grupo de aportantes ligados a los dueños de la empresa.
La acción legal de Vantrust está dirigida en contra de la sociedad Inversiones El Bosque Dos (mediante la cual los hermanos Claro Vial son accionistas de CVV), Margarita Bezanilla (esposa de Pablo Claro Vial) y María Catalina Lyon (casada con Luis Alberto Claro Vial).
La firma sostuvo que los querellados formaban parte de una serie subordinada que, en caso de pérdidas en la cartera, pagaría la rentabilidad mínima esperada y el capital aportado por los inversionistas preferentes.
La gestora acusa a esta sociedad y al grupo de personas de ejercer administración desleal de patrimonio ajeno, luego que los querellados no acudieron a un aumento de capital solicitado para el fondo. Esta decisión habría impactado en $ 404 millones al patrimonio del fondo.
De acuerdo a la querella, el reglamento interno del fondo establecía que los aportantes querellados formaban parte de una serie subordinada, cuyo capital invertido se ocuparía en caso de pérdidas para pagar una rentabilidad mínima a los inversionistas preferentes.
Al no suscribir el aumento de capital, el valor de la cartera no fue suficiente para cubrir los aportes de capital y el retorno de la serie preferente.
La estructuración del FIP
El fondo privado inició sus operaciones en marzo de 2021 e invirtió en la constructora a través de 50% en capital de trabajo y 50% en operaciones de confirming, con un plazo total de 18 meses.
Para entrar al fondo, existían dos series de cuotas: la primera, subordinada y reservada para personas relacionadas a la constructora; y la segunda o preferente, compuesta por clientes de Vantrust, con un retorno esperado de 0,7% nominal mensual.
Esta última rentabilidad dependía de los aportes de los accionistas de la constructora. En tanto, la subordinada recibirá cualquier exceso al retorno esperado de la preferente, sin límite a los montos que pudieran alcanzar.
“Gozará de los beneficios y soportará las eventuales pérdidas que puedan originarse con ocasión de la inversión del fondo”, señala el reglamento interno del FIP sobre la categoría reservada para personas relacionadas a CVV.
Vantrust estableció en el reglamento que el fondo debería cumplir un ratio mínimo para la serie subordinada, la que debía representar siempre el 25% del patrimonio del vehículo.
En caso de disminuir ese porcentaje, los aportantes de esta serie debían enterar nuevos aportes para reestablecer los mínimos exigidos.
El aumento de capital
La decisión de llamar a un aumento de capital para la serie subordinada se tomó el 25 de noviembre de 2022 en una asamblea de aportantes del FIP, casi un mes después de que CVV se declarara en quiebra.
Según se relata en la acción judicial, a la fecha de la liquidación voluntaria de la constructora, el fondo mantenía en su cartera pagarés, operaciones de confirming e intereses por $ 6.551 millones.
Sobre la base de un modelo de deterioro, se calculó que la pérdida estimada de la cartera del fondo, -tras la quiebra de CVV- podría alcanzar los $ 3.590 millones. De esta manera, la nueva valorización se ubicaría en $ 2.950 millones.
“El valor calculado de la cartera del fondo no alcanzaría siquiera a pagar el retorno esperado correspondiente a la serie preferente, ya que aún destinando el 100% del nuevo valor de la cartera ($2.954.901.033) al pago del retorno esperado y el capital aportado por los aportantes de la serie preferente, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento interno del fondo, existe un saldo que no alcanza a ser cubierto”, sostiene la querella.
El 28 de noviembre de 2022, Vantrust concretó un llamado de capital por casi $ 1.000 millones para la serie subordinada del vehículo para cubrir el saldo. El plazo máximo para suscribir el aumento de capital fueron cinco días hábiles.
Sin embargo, transcurrido el plazo, los accionistas de CVV no suscribieron la operación, incurriendo, según la AGF, en el delito de administración desleal del patrimonio del resto de los aportantes del fondo.
“Esta notificación fue realizada a todos los querellados, los que válidamente emplazados a cumplir con su obligación, no realizaron los aportes a los que están obligados por ley y por reglamento, generando consecuencialmente un perjuicio total estimado en $ 404.518.358”, acusó Vantrust en la querella.
La acción penal sostuvo que Inversiones El Bosque Dos habría ocasionado un perjuicio estimado de $ 157 millones, Bezanilla $ 82 millones y Lyon $ 164 millones.
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