A pocos días de que se filtrara el documento con la formulación de cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica, las partes involucradas empiezan a madurar la situación, y los efectos que las acusaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha dejado.
Mediante un escrito reservado enviado a la SVS, la defensa de uno de los acusados pidió impugnar el proceso sancionatorio que dicho organismo lleva a cabo, esto justamente por la filtración de los documentos.
El argumento, explican fuentes, se basa en que la filtración podría implicar una vulneración a la presunción de inocencia de las partes, pero además también una infracción contra la ley orgánica, así como al mismo reglamento interno del regulador.
La Ley Orgánica de la Superintendencia, señala en su artículo 23 que los empleados o personas que a cualquier título presten servicios en la Superintendencia estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal”.
Dicho artículo del Código Penal, establece, por su parte, que “el empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.
En tanto, el reglamento interno de la SVS, aprobado en 2008 y firmado por Guillermo Larraín, señala que el deber de reserva implica “que todo personal de la SVS está obligado a respetar la reserva en sus relaciones con terceros, incluidos los funcionarios del servicio o otros servicios públicos”, y que “los funcionados de la SVS tienen la obligación de reserva respecto de la información que se dispone en razón del cargo, posición o actividad”.
El documento
El documento de la formulación de cargos, explicitaba el entramado de relaciones de diferentes sociedades de inversión que formaban parte de un complejo “esquema de operaciones” con el que transaban acciones de las firmas mediante las cuales Julio Ponce controla SQM.
De acuerdo a la formulación de cargos realizada por el regulador, estas sociedades operaron entre los años 2009 y 2011, como Cascadas, Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, todas en función de Ponce.
Aquí, es donde se acusa la participación no sólo de cercanos al empresario en cuanto a su relación profesional, de confianza o laboral, sino que también entidades como LarrainVial, intermediaria a la que se acusó de ser funcional al esquema, además de sociedades de Alberto Le Blanc.
hoy ponce presentaría prórroga
Hoy la defensa de Julio Poce solicitarían a la SVS una prórroga para presentar su defensa, plazo que inicialmente vence el próximo jueves.
Ya el estudio Albagli, Zaliasnik & Cía., que representa a Roberto Guzmán Lyon, pidió el martes de la semana pasada la petición al regulador.
Con todo, aún la Superintendencia debe pronunciarse sobre las solicitudes. Consultado la semana pasada, el titular de la SVS, Fernando Coloma, señaló que "si hay elementos y antecedentes que nos hagan sentido de que se requiere más tiempo tendremos que analizarlo y actuar en consecuencia".
El pasado 10 de septiembre, la SVS presentó cargos contra Ponce, Guzmán, Aldo Motta, y Patricio Contesse Fica, por su "presunta responsabilidad en diversas operaciones" que infringirían las leyes de Sociedades Anónimas, y de Mercado de Valores.
Regulador deberá explicar por qué negó informe al Ministerio Público
La Superintendencia había aducido "falta de garantías en la reserva" del documento.
La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que informe las razones que la llevaron a negar la entrega, a la Fiscalía Metropolitana Centro, del informe que detalla el esquema de operaciones de las sociedades cascada mediante las cuales Julio Ponce ejerce el control de SQM.
Desde la presidencia del tribunal de alzada capitalino, se dio un plazo de 48 horas al regulador para que argumente a la fiscalía su decisión.
En una breve resolución emitida por el presidente del tribunal, Alfredo Pfeiffer, se admitió a trámite el recurso sobre la base del artículo 19 del Código Procesal Penal, que interpuso el viernes pasado el jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, y se le pide "informe" al Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, de acuerdo a informaciones publicadas por la Radio Bio Bio.
Fernando Coloma explicó la semana pasada que negó a la fiscalía la entrega del documento de formalización de cargos en contra de Julio Ponce por "falta de garantías en la reserva".
"Precisamente en la línea de garantizar la reserva, se les dijo (al Ministerio Público) que se les entregaba (el informe), pero sujeto a que den garantía de cómo se iba a cuidar la reserva y ellos plantearon que no estaban en posición de garantizarnos esa reserva en los términos que nosotros lo estábamos planteando", dijo Coloma. Mientras, el fiscal José Morales, dice haber asegurado a la SVS la reserva que establece el Código Procesal Penal.
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