Sigue en curso la tramitación en el Tribunal Constitucional (TC) el requerimiento interpuesto por Manuel Cruzat y Antonio Espinoza para evitar la formalización en el caso de la quiebra fraudulenta de Curauma.
Teniendo en cuenta que el Cuarto Juzgado de Garantía había fijado para el próximo 3 de noviembre la formalización del empresario y sus ejecutivos, es que la entrada del requerimiento puede ser considerada como una jugada estratégica para frenar el proceso.
Pero abogados señalan que este tipo de situaciones es tomado en cuenta por el tribunal a la hora de poder acelerar el proceso, algunos plantean que si esto puede ser considerado como abuso el tema podría ser visto con una mayor celeridad.
“El Tribunal Constitucional valora la importancia de los tiempos para los tribunales, ordena la suspensión, pero cautela que esto no se constituya en un abuso y le da preferencia según de qué se trate”, señalaron.
El escrito presentado esta semana busca que el TC se pronuncie sobre el régimen sancionatorio que usarán en la formalización, considerando que como hubo un cambio de normativo en la ley de quiebras, los hechos que se le acusan ocurrieron en un momento de transición de la norma.
El fiscal Carlos Gajardo tomó la investigación del caso a mediados del 2014 cuando en ese entonces el síndico de Curauma, César Millán interpuso una denuncia en contra de Cruzat por quiebra fraudulenta a la que posteriormente se unió Administraciones y Proyectos EuroAmerica.
El proceso de insolvencia no ha estado exento de problemas, ya que el remate de los activos no ha tenido los resultados esperados, y en algunos casos se han declarado desiertos o no se ha logrado recaudar lo esperado, sin considerar las dificultades judiciales que se han tenido que enfrentar en los procesos abiertos.
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