Una de las principales preocupaciones de la industria de las Isapres es la alta judicialización, correspondiente a los recursos de protección presentados por sus afiliados para frenar las alzas en los precios de los planes de salud.
Se trata, además, de uno de los puntos clave a abordar en una eventual reforma al sistema privado de salud, según lo anunciado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El tema no es menor. Según un estudio de Ciedess, el año pasado la Corte Suprema ejecutó 63.993 fallos, de los cuales un 80% correspondieron a sentencias relacionadas a la Seguridad Social, es decir, 51.194. De estas resoluciones, el 95,5% fueron respecto de recursos de protección en contra de las Isapres.
Para el experto en seguridad social de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes, la extrema judicialización que ha tenido el sistema privado de salud lo ha impactado negativamente.
“Eso le hace mal al sistema. Lamentablemente, eso no es ninguna novedad. No se ha contado con los consensos necesarios para resolver una cuestión que es de política pública, que requiere ley. Los tribunales están aplicando las normas lo mejor que pueden para resolver una demanda que al parecer es justa de los afiliados, que, hasta donde sé, la mayoría de los fallos son a favor de ellos”, dice Cifuentes. El abogado agrega que las fuerzas políticas deben alcanzar consensos para poder solucionar esta problemática.
“Es un tema que requiere una definición de política pública y que entiendo es la que se está avanzando a través de mesas de trabajo y comisiones, en pro de llegar a un proyecto que enfrente el tema de fondo que es el sistema de salud más adecuado y que integre de manera armónica el sistema público, financiado por Fonasa, con el privado, financiado por las Isapre. Cómo se coordinan ambos de manera que terminemos de resolver, como está ocurriendo, las diferencias en la fijación de precios a través de una sobrecarga del trabajo de los tribunales”, indica.
Lo que dice la industria
Las más golpeadas con la judicialización son las Isapres, aseguran desde la industria. De acuerdo al presidente de la asociación gremial que representa a las aseguradoras, Rafael Caviedes, desde el inicio de esta tendencia, las Isapres han destinado US$ 120 millones al pago de costas de los abogados querellantes.
“En muchos casos, se da que las costas que determinan los tribunales son superiores a lo reclamado por los afiliados”, asegura Caviedes, quien culpa a los abogados de la constante alza de la judicialización.
“Lo que se puede aseverar, con toda certeza, es que el combustible que mueve estas demandas son las costas, los abogados van por las costas. No por el efecto que esto produce, ya que las costas son mayores que los beneficios que obtiene el afiliado con este proceso”, añade.
Caviedes agrega que han entregado propuestas para evitar la judicialización a las autoridades del gobierno y señala que están de acuerdo con establecer un plan único garantizado, se establezcan listas planas entre hombres y mujeres y que se permita la movilidad de las personas entre Isapres sin restricciones.
El resto de la Seguridad Social
Sacando a las Isapres del cálculo de los fallos del máximo tribunal durante el año pasado, el estudio elaborado por Ciedess señala que la presencia de la Seguridad Social en fallos se reduce drásticamente.
Del total de las 63.991 resoluciones de la Corte Suprema, 19 corresponden a sentencias en el ámbito de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), 29 sobre las cajas de compensación, 22 en torno a las mutuales, una sobre el Administrador del Fondo de Cesantía y seis del Instituto de Previsión Social.
Además, el informe de Ciedess agrega que 92 fallos corresponden a la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo, y 55 sobre sindicatos. De esta forma, de las casi 64.000 sentencias de 2017, 233 responden a la Seguridad Social si se excluyen a las Isapres.
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