Entre los debates que se han tomado la agenda nacional en los últimos años, dos están claramente vinculados: el previsional y el de inmigración.
Ambos están siendo abordados por el actual gobierno. El primero a través de una reforma que está elaborando una comisión técnica y que se espera ingrese en septiembre, mientras que el segundo ya fue considerado con la regularización a los extranjeros y un proyecto que se encuentra en el Congreso sobre la materia.
De esta forma, uno de las preocupaciones de los expertos es cómo la población migrante, que ha ido aumentando exponencialmente, impactará en el sistema de pensiones.
Un estudio elaborado por el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Guillermo Yáñez, aborda esta problemática, proyectando la situación en 30 años más.
De acuerdo al informe, para el 2050, un 44% del total de migrantes que se han incorporado al país desde 2005 hasta 2017 estarán en edad de jubilar, por lo que, de un total de 336.000, el 60% citado correspondería a 201.600 pensionados.
De este modo, señala el estudio, el gasto anual para este grupo por parte del Estado alcanzaría $ 337 mil millones anuales (unos US$ 536,5 millones). “Esto es, un 0,75% del presupuesto fiscal anual en base a 2018. Monto suficiente para generar un desequilibrio fiscal, en caso de no abordarse a tiempo”, advierte el documento.
De los más de 200 mil pensionados de este grupo que habrá en 30 años más, se considera que cada uno recibirá anualmente beneficios del Aporte Previsional Solidario (APS), Pensión Básica Solidaria (PBS), Aporte familiar, Bono invierno, Bono por hijo y aguinaldos, con sus respectivos montos (ver gráfico).
Fuerza de trabajo
El estudio de la U. Santo Tomás también señala que la proporción de la población migrante en la fuerza de trabajo para el 2050 también se vera incrementada.
En la actualidad, hay unos 9.412.000 en total, donde 412.000 son extranjeros. Así, la representación de este segmento es de un 4%.
En 30 años más, la cifra de trabajadores migrantes alcanzará los 888.046, versus 10.561.598 nacionales. De esta forma, la proporción será de 8% contra 92%. Cabe recordar, que los hijos de los migrantes nacidos en Chile son tomados en cuenta como nacionales (ver gráfico).
“El cálculo considera el crecimiento de la población migrante anual (promedio geométrico) entre 2010 y 2014. Además se estima en 1% la salida de migrantes que se acogen a residencia temporal (supuesto) y 3% que jubila anualmente (estimado). Con esto, la tasa de crecimiento a 2050 considera un crecimiento neto migrante de 2,4% en tanto que el crecimiento de nacionales en la fuerza de trabajo, incluyendo hijos de migrantes, crecería 0,5% anual fruto también de la tasa de natalidad de la población migrante”, explica el estudio.
Portabilidad de los fondos
Yáñez, doctor en Economía Aplicada de la HEC de Montréal, señala que la discusión para provisionar el gasto de previsión de la población migrante al 2050 debe resolverse en la actualidad.
“No hacerlo ahora, desencadenará una tensión sobre el gasto fiscal para los próximos 30 años que es perfectamente evitable”, advierte.
Uno de las propuestas que considera el académico es que se profundice la portabilidad de los fondos de pensiones, implementando el mecanismo en al menos la Alianza del Pacifico, de donde proviene el 23% de la población migrante.
El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Santo Tomás, Guillermo Yáñez.
Los cambios en los que trabaja el gobierno
La semana pasada, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, anunció que actualmente el gobierno está trabajando en la seguridad social de los inmigrantes a través de la Subsecretaría de Previsión Social, liderada por la abogada María José Zaldívar. La repartición, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, organismo encabezado por Osvaldo Macías, está trabajando cambios a la Ley 18.156, la que señala que los trabajadores extranjeros que soliciten la devolución de sus fondos previsionales deben ser profesionales o técnicos. Lo anterior se pretende modificar con el objetivo de que sea estándar y que los inmigrantes que quieran pedir el retiro no necesiten cumplir con estos requisitos. La idea de esta normativa, creada en la década de los '80, fue incentivar la llegada de mano de obra calificada de otros países, lo que, aseguran conocedores del proceso, no funcionó del todo bien y que hoy, afirman, no se justifica.
Estos cambios legales corren por otro camino al de la reforma de pensiones que también trabaja el gobierno.
De este modo, se intenta apaciguar una demanda histórica de este segmento.
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