En el marco de la discusión de la reforma de pensiones en el Congreso, no son pocos los parlamentarios que han expresado su interés por conocer las bases sobre las cuales el Ejecutivo elaboró los cálculos que sostienen la iniciativa. Y este interés de los legisladores se extendió a distintos centros de estudios, en el entendido que el proyecto ha ido acompañado de informes financiero, de impacto regulatorio, de sustentabilidad de los fondos de cesantía y uno técnico sobre la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones.
De ello da cuenta una carta suscrita al menos por 15 instituciones que se ponen a disposición para “aportar a un buen debate y contribuir desde la evidencia”, a mejorar la propuesta de pensiones, la mayor preocupación de los chilenos, después de la delincuencia.
A partir de este supuesto, los firmantes expresan que para incrementar “la transparencia y replicabilidad de las estimaciones y proyecciones contenidas en este informe, los aquí firmantes sugerimos la entrega de los microdatos y planillas utilizadas por el gobierno que sustentan los cálculos publicados en los distintos informes, manteniendo siempre una estricta sujeción a las normas sobre el tratamiento de datos”.
Logro de transparencia
De este modo, argumentan, no solo mejoraría la comprensión del proyecto, sino que “también permitirá que propuestas alternativas se sometan al mismo estándar de datos abiertos que solicitamos”, convencidos como están de que ello contribuiría a “un debate lo más objetivo posible, basado en evidencia y con un solo norte: mejorar las pensiones de las chilenas y chilenos de manera sustentable en el tiempo”
La información que se solicita a través de la carta, detallan, la tienen la Superintendencia de Pensiones, la Dirección de Presupuestos y los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y Trabajo y Previsión Social. Y sostiene que si el Gobierno entrega la información solicitada constituiría un gran logro en materia de transparencia y añaden que también sería una señal habilitadora de un acuerdo político que “exija a todo proyecto de ley informes de impacto regulatorio acompañados de una plataforma de acceso abierto de los datos y evidencia que los sustenta”.
Los centros de estudio firmantes son Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, Centro de Políticas Públicas FEN USS, Centro de Sistemas Públicos Universidad de Chile, Ciedess, Clapes UC, Espacio Público, Fundación para el Progreso, GobLab UAI, Horizontal, Idea País, Instituto de Políticas Públicas UNAB, Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, Instituto Libertad, Idea País, Libertad y Desarrollo, OCEC UDP, Observatorio Fiscal y Pivotes.
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