La tasa de reemplazo de 100% que alcanza la Pensión Garantizada Universal (PGU) en algunos grupos de pensionados de menores ingresos abrió el debate en torno a la necesidad de establecer una cotización adicional de 6% y crear un fondo colectivo de pensiones, dos ideas que formarían parte de la reforma de pensiones que anunciaría el Ejecutivo en noviembre.
Además, la mencionada tasa reabrió la interrogante sobre cuál debería ser la meta de tasa de reemplazo para los distintos segmentos de ingresos en Chile. En 2015, los expertos de la Comisión Bravo encargaron un estudio al respecto a la OCDE. El informe reveló que la mayoría de los países miembros de esta organización protegen a los trabajadores de bajos ingresos de la pobreza en la vejez, brindándoles mayores tasas de reemplazo que las de los asalariados promedio, según recuerda la exasesora de Hacienda en Pensiones durante Bachelet II, Paula Benavides.
A modo de ejemplo, en 2015, Dinamarca era uno de los países con mayor tasa de reemplazo, logrando un 121% en ingresos por la mitad del salario medio, cifra que hoy estaría en 125%, según detalla la experta previsional. “El estudio revela que aquellos trabajadores con una carrera completa y que ganan solo una cuarta parte del salario promedio reciben una tasa de reemplazo igual o superior a sus ingresos en 23 de los 34 países OCDE”, agrega.
A la luz de los datos, la presidenta ejecutiva de Espacio Público afirma que “es natural que la protección frente a la pobreza deje a algunos trabajadores de bajos ingresos con tasas de reemplazo sobre 100%, como ocurre hoy con la PGU en Chile. Ello invita a buscar consensos en esta materia, pero no anula las propuestas que se están debatiendo en torno a un sistema contributivo solidario complementario”, indicó. “Hay que tener esa conversación antes de afirmar que es necesario replantear una reforma y, desde mi punto de vista, es esencial fortalecer el pilar contributivo e incluir elementos de solidaridad”, indicó.
Según la experta el rol de un pilar colectivo solidario no solo tiene que ver con los niveles promedio esperados, sino que con disminuir la incertidumbre respecto de las pensiones que se obtendrán, siendo una herramienta complementaria a un pilar individual. “¿Hacia dónde apuntar? Ese en un tema distinto. Hay que tener esa conversación a partir de un diagnóstico compartido de la situación actual, en base a datos actualizados. Así, será más simple construir consensos respecto de la forma de llegar lograr esos objetivos con una reforma”, acotó.
El expresidente de la Comisión Asesora Previsional, David Bravo, recuerda que el análisis de la OCDE fue clave para el diagnóstico de la comisión, pero recalca que en esa época no se habían realizado retiros de fondos previsionales ni existía una pensión fiscal con las características de la PGU, por lo que se requiere una actualización.
“El Gobierno tendrá que explicar cuál es su objetivo y a dónde llevan las tasas de reemplazo del nuevo sistema contributivo. No es extraño que en algunos grupos las tasas de reemplazo sean incluso superiores a 100%. Pero lo relevante es el grupo medio, de entre el 60% y el 90% de la población de menor ingreso. Hay que ver los números, sincerar la situación actual y el punto de partida está en la PGU de la clase media y el impacto de los retiros”, explica.
Cambio de escenario
David Bravo no descarta revisar el pilar contributivo solidario del sistema o el monto de la cotización extra, pero cree que lo importante es formular metas, estimar costos y definir instrumentos fiscales o de cotizaciones. “Estamos pegados en la discusión anterior, pero el escenario cambió mucho. No podemos hacer como que no importa”, agrega.
El senior fellow de la UAI, Salvador Valdés, recuerda que desde el aumento en 50% de la Pensión Básica Solidaria en 2019, Chile superó al promedio de los países de la OCDE en la proporción del salario en fase activa en el quintil de menores ingresos, vía esfuerzo fiscal. De hecho, ello dejó a los mayores con aún menos pobreza que los jóvenes y niños, según datos de la Casen, previos a la pandemia, según detalla.
En ese marco, Valdés afirmó que “no es necesario" imponer un 6% de cotización adicional sobre los empleos formales. "Ese impuesto es inoportuno en la frágil situación del mercado laboral formal, porque gatillará el traslado de un fuerte contingente de empleos hacia la informalidad, donde ni siquiera cotizan el 10% habitual para salud ni para las demás ramas de la seguridad social”, dijo.
La reforma, dijo, "debiera reorientarse hacia estas medidas de resguardo y a reparar las partes del sistema contributivo de pensiones que han mostrado falencias”.
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