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LAS CLAVES PARA UNA REFORMA AL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

Desde su creación, ha experimentado múltiples desafíos y, entre ellos, el más persistente y complejo ha sido la alta tasa de desvinculación de los directivos seleccionados. En este artículo, Cristina Orellana y Eduardo Abarzúa, consejeros de Alta Dirección Pública, analizan las mejoras que el sistema requiere para proyectarse al futuro.

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LAS CLAVES PARA UNA REFORMA AL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

Cristina Orellana es ingeniera en agronegocios, especialista en gobiernos corporativos, libre competencia, control de inversiones y control de gestión, además de consejera del Consejo de Alta Dirección Pública.
Eduardo Abarzúa es decano de la Facultad de Economía y Negocios, UAH, y consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

Desde su creación, ha experimentado múltiples desafíos y, entre ellos, el más persistente y complejo ha sido la alta tasa de desvinculación de los directivos seleccionados. En este artículo, Cristina Orellana y Eduardo Abarzúa, consejeros de Alta Dirección Pública, analizan las mejoras que el sistema requiere para proyectarse al futuro.

La instauración del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) tuvo por objeto profesionalizar la gestión directiva del sector público sobre la base del mérito, a través de concursos públicos de los directivos de los principales servicios públicos de nuestro país. Los concursos permitían seleccionar a los candidatos más aptos para cada puesto y el nombramiento era entregado a la autoridad gubernamental, la que podía elegir a cualquiera de los nominados o declarar desierto el proceso si ninguno de ellos era de su agrado.
En su desarrollo, el SADP ha experimentado múltiples desafíos y, entre ellos, el más persistente y complejo ha sido la alta tasa de desvinculación de los directivos seleccionados por el sistema. Al concluir el segundo año de gobierno, el 74,33% de los directivos de primer nivel, en los tres últimos gobiernos, han sido removidos o no renovados. La situación es similar en el segundo nivel jerárquico: al segundo año de gobierno, un promedio de 53,53% de los directivos de esta categoría en los tres últimos gobiernos habían sido desvinculados o no renovados.
Con ese marco, resulta interesante plantear y discutir algunas interrogantes a responder a propósito de introducir mejoras al SADP.
1. ¿Es sostenible la exclusiva confianza (política) para desvincular a un Alto Directivo Público (ADP)?
Si los ADP están a cargo de ejecutar políticas públicas, estos deben ser competentes técnicamente y ejercer su rol con neutralidad y prescindencia política, al mismo tiempo que con lealtad al gobierno que ha sido democráticamente elegido. La reforma de 2016 sustrajo 12 cargos para designación directa durante los primeros tres meses de gobierno, cuyo objetivo era permitir la rápida instalación de cada nuevo gobierno, y que fuera éste quien escogiera las áreas prioritarias en que, cumpliendo el perfil requerido, se nombrara sin proceso concursal al directivo respectivo.
Los resultados están a la vista: los niveles de egresos de directivos se han mantenido y no se ha logrado un mejor equilibrio de la fórmula mérito-confianza. Se hace urgente dar mayor preponderancia a los convenios de desempeño como instrumento de evaluación, retención y/o egreso de directivos públicos. La interrogante que surge es si dicha fórmula es aplicable a ambos niveles jerárquicos. La respuesta puede ser radical: que todo el SADP sea regido solo por criterios de desempeño al momento de definir la continuidad o no de un directivo. También se pueden escoger soluciones mixtas, diferenciando al primer y segundo nivel, dejando la elección de los jefes de servicio (I nivel) solo sujeta al cumplimento del perfil, siendo su elección y egreso basada en exclusiva confianza, en vez de seguir entregando nuevos cargos. Para no dar todo por perdido, respecto de este nivel jerárquico se podrían diferenciar instituciones cuyos resultados son más estables y que no debieran cambiar según la coalición política que gobierna.
En el caso del segundo nivel jerárquico, las desvinculaciones deben fundarse exclusivamente en la evaluación de los convenios de desempeño. Lo anterior solo se alcanza reforzando técnica e institucionalmente el convenio de desempeño, haciéndose necesario establecer un contrapeso real en una institución como el Servicio Civil, que analice y valide dicho instrumento y sus resultados, al mismo tiempo, que sea el referente para fundar la movilidad de directivos, superando la idea del desempeño solo como herramienta binaria para sustentar despidos.
2. ¿Quién y cómo se debiera gobernar el Servicio Civil y los Altos Directivos Públicos?
Si el Sistema de Alta Dirección Pública avanzara hacia un modelo de gestión de desempeño de directivos, se hace necesario un consejo autónomo que pueda desarrollar las herramientas y ser un componente independiente en la apreciación del desempeño de directivos cuyos resultados impactan la gestión política, garantizando la calidad de las prestaciones. Estos mismos roles pueden ser extendidos a los diferentes aspectos ligados al servicio civil de carrera y, en general, a la gestión de personas en el Estado, como también al establecimiento de estándares de integridad, propiciar avances en equidad remuneracional, diversidad e inclusión, además de relaciones laborales basadas en el respeto a los derechos fundamentales.
Con ese paradigma es posible imaginar una gobernanza del sistema que, con autonomía, tenga tuición sobre la Alta Dirección Pública y el Servicio Civil, integrado por consejeros y consejeras expertos en gestión pública y gestión de personas, resguardando en su composición la pluralidad, imparcialidad y calidad técnica, dado que responderán por servicios de dirección que serán entregados a los gobiernos a través del estamento directivo y los funcionarios públicos.
Considerando el aumento de competencias antes señalado, esta puede ser la oportunidad de discutir alternativas que incluyan un consejo con dedicación exclusiva y/o aumentar el número de consejeros/as para que puedan dedicarse a las diferentes esferas que se consideren dentro de sus facultades, además de superar una composición que es consistente con una realidad binominal que hoy ha cambiado.
3. ¿Los Altos Directivos Públicos son gobierno o administración?
Si se introduce la apreciación del desempeño obtenido en el cumplimiento de un convenio, como criterio para evaluar, orientar y gestionar trayectorias de directivos públicos y, al mismo tiempo, se crea una autoridad autónoma a cargo del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública para dialogar con la autoridad política respecto de resultados comprometidos por directivos, se habrá establecido una distinción bastante nítida entre administración y gobierno.
Esta separación permitiría, por ejemplo, estabilizar un estamento directivo profesional que preste servicios de dirección al Ejecutivo y que es conducido por un órgano del más alto nivel. Del mismo modo, se contribuye a proyectar políticas públicas de Estado, concebidas a largo plazo, en respuesta a objetivos nacionales, que trasciendan los cambios de gobierno.
En el marco del proceso constituyente, está la oportunidad de consagrar constitucionalmente esta distinción, que reforzaría la perspectiva que aquí se propone, cuestión que plantea la oportunidad de presentar un proyecto de ley, dado el fondo y el contexto político que se expone.

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