Un comité político “de administración” para los 11 meses que vienen

Rocío Montes

La inesperada resolución del Tribunal Constitucional el martes produjo la mayor crisis del Gobierno de Sebastián Piñera desde el 18 de octubre de 2019. A once meses de dejar el poder, el Presidente sufrió una derrota personal, porque fue el propio mandatario el que tomó la decisión de jugarse las cartas que fracasaron en el intento de frenar el tercer retiro de los ahorros previsionales. Perdió en el Parlamento, porque su coalición lo dejó solo. Perdió en el TC, pese a que se confiaba en el éxito. La popularidad bate récord mínimos y, de acuerdo a la Cadem, está en el 9%.

Pese a que se trata de un fracaso que estalla en el rostro del mandatario, no parece viable que en breve no exista un cambio de gabinete: la alternativa de que se realice luego de las elecciones del 15 y 16 de mayo siguen abiertas, pero el espacio se estrecha. El ajuste se enfocaría sobre todo en el equipo político y son tres las carteras donde está puesta la tensión: Interior (Rodrigo Delgado), Segpres (Juan José Ossa) y Desarrollo Social (Karla Rubilar).

En Chile Vamos hablan de una “gestión de administración” para los once meses que vienen y que Piñera, en esta ocasión, no tiene espacio para errores. En parte, esta situación explica el tiempo que se tomaría el mandatario en armar el nuevo puzzle. Una de las alternativas que suena con fuerza sería el cambio de Jaime Bellolio de la vocería a Interior –no existe margen para que Piñera no nombre a alguien de su extrema confianza personal, como ocurrió con Delgado–, aunque se toparía con otro de los nombres que se repiten para un enroque: Hernán Larraín, igualmente de la UDI, que podría pasar de Justicia a la Segpres.

El nuevo equipo ministerial no tendría una función ambiciosa, sino apenas empujar que el Gobierno se mantenga en la línea de flotación necesaria para garantizar dos asuntos: la impecabilidad del proceso electoral; y una convivencia menos tormentosa entre el Ejecutivo y el Congreso en estos once meses. No para grandes proyectos –no hay ni tiempo ni condiciones políticas para asuntos de envergadura–, sino para destrabar sobre todo las ayudas sociales en el marco de la pandemia y su financiamiento.

El Gobierno a estas alturas ha comprendido que lo que impulse en el Parlamento lo perderá, tanto por la oposición como por el fuego amigo.

Si el martes por la noche la situación sonaba insostenible –en determinados círculos se hablaba incluso del fin, al menos en lo simbólico–, ayer comenzó a entrar cierto aire a La Moneda.

En el Ejecutivo se apuesta a que una parte de la oposición –la exConcertación– comience a jugar un papel de mayor protagonismo y de diferenciación con la oposición ruda que estira el elástico. El oficialismo del Palacio apunta a que el sector moderado (PS, PPD, DC) necesita reconstruir liderazgos con miras a las elecciones de este año y que ven en esta crisis una oportunidad para recuperar espacio, frente a alternativas como el PC y Pamela Jiles. Esto sería funcional a un Gobierno sin coalición que, desde el borde, sigue mirando el precipicio.

En esta línea, en el oficialismo se observa en las últimas horas el cambio de tono de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (“No nos interesa infligir una nueva derrota al presidente”) o de Guido Girardi (“El Presidente debe abrirse a que trabajemos una reforma tributaria profunda para que así no tenga que haber cuarto y quinto retiro”). Es el mismo sector que –al menos hasta ahora– no está dispuesto a empujar la acusación constitucional contra Piñera.

Son horas delicadas. A pocos les quedará alguna duda, luego de escuchar a algunos dirigentes en el Congreso, que el objetivo final es desfondar el sistema actual de AFP. Si bien esta derrota en esta ocasión daña sobre todo al presidente Piñera y a su administración –ambos debilitados como no había ocurrido desde 1990–, se trata de una crisis sistémica que alcanza incluso a las instituciones, como el Tribunal Constitucional, envuelto en una disputa interna de connotación pública.

En la decisión del TC existen asuntos que todavía no resultan evidentes y que hacen pensar que, como dijeron ayer dirigentes del oficialismo y la oposición, se trató de una decisión menos jurídica que política. Es llamativa la decisión del ministro Iván Aróstica, que explicó que en esta ocasión lo importante no radicaba en la forma en que se inicia una reforma constitucional –si en el Ejecutivo o en el Congreso–, sino la fórmula con que se cubren las necesidades de la gente. En el fallo de diciembre que le dio la razón al Gobierno al declarar la inconstitucionalidad del segundo retiro, Aróstica fue el redactor y no opinaba igual, al contrario: consideró que el proyecto era contrario a la Constitución.

Un segundo asunto tendría relación con el estupor y rabia de algunos miembros del TC contra Piñera, que inició dos veces un proyecto similar al que llevó ante el organismo.

El telón de fondo no resulta indiferente para nadie: la CUT realizó un llamado a paro nacional para este viernes y en dos semanas (15 y 16 de noviembre) se celebrarán las elecciones municipales, de gobernadores y de los 155 convencionales. Aunque se trata de elecciones donde los propios candidatos son mayormente relevantes que los partidos a diferencia de las parlamentarias –se vota por personas–, en la derecha se tiene presente el riesgo electoral que implica para el sector este revés del Presidente y del Gobierno.

En cualquier caso, se analiza que lo del TC resultó casi un salvavidas: fue una derrota poco honrosa, pero rápida. Haber enfrentado este viernes 30 y las elecciones con el escenario del retiro del 10% abierto, había encendido por completo la pradera.