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Crisis en Quintero: INDH propone congelar autorización de inversión en hectáreas disponibles

Organismo presenta hoy los resultados de su Informe de Observación -con 12 sugerencias para el Estado- luego de constatarse la vulneración de derechos de los habitantes de la zona.

Por: Karen Peña | Publicado: Viernes 12 de octubre de 2018 a las 11:32 hrs.
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En medio de la crisis ambiental que enfrenta Quintero y Puchuncaví, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reforzó su trabajo en esta materia y desplegó una serie de acciones en defensa de los habitantes de la zona. Una de ellas, fue realizar una Misión de Observación en las localidades afectadas, entre el 11 y 13 de septiembre de este año, para conocer los efectos que la emergencia ha tenido sobre los derechos de sus habitantes.

El resultado de este trabajo se presenta hoy, con la presentación de un informe que contiene doce recomendaciones para el Estado, donde queda en evidencia la falta de información que enfrenta la población y la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Entre las sugerencias, se destaca la necesidad que el Estado modifique en el más breve plazo los actuales instrumentos que rigen el ordenamiento territorial de la zona, el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, y que se congelen las autorizaciones de inversión en las 754 hectáreas aún disponibles para actividades industriales peligrosas. También se sugiere en el informe la modificación del actual Sistema de Evaluación Ambiental, "que no permite considerar la concentración de proyectos empresariales en los territorios ni ver sus impactos acumulativos", ambas cuestiones ya advertidas por el INDH en su Informe Anual del año 2014.

Otra medida considera la implementación a la brevedad, a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, de una campaña de información dirigida a la población de la zona, que implique informar de manera oportuna y confiable acerca del actual estado de la crisis ambiental y sanitaria.

Y, además, que se realice lo antes posible las "mediciones de contaminantes en aire, suelo y aguas -de consumo humano, proveniente de los servicios de agua potable de la zona o de pozo, así como de las aguas marítimas que bordean la bahía de Quintero-, enmarcándolas en los más altos estándares internacionales prescritos por la Organización Mundial de la Salud". En este punto se enfatiza que en estos procedimientos de medición participen representantes de la sociedad civil para mitigar la "desconfianza generalizada" que actualmente existe en la zona.

Durante el período de observación en terreno, el INDH desplegó un equipo de 17 funcionarios, y se realizaron 41 entrevistas con diversos actores involucrados.

"Crisis la veníamos anunciando desde 2011"

Lo que más llamó la atención de la directora del organismo, Consuelo Contreras, fue la desinformación de la gente. Consultada al respecto, aseguró que el derecho a la información está vulnerado, ya que los residentes de las comunas afectadas no tienen conocimiento -por ejemplo- de lo que significa una alerta amarilla o cómo reaccionar.

Contreras asegura que la "crisis de Quintero y Puchuncaví la veníamos anunciando desde el año 2011 cuando se hizo una Misión de Observación" y que estamos frente a una "responsabilidad histórica del Estado que no ha tomado las medidas en esa zona para evitar que lleguemos a este punto". "Hay responsabilidades institucionales por parte de organismos del Estado que no se han asumido con la debida rapidez y eficacia que se requieren", agregó.

A su juicio, frente a la gestión de la emergencia, ha pasado mucho tiempo y no se ha actuado con la debida diligencia que se requiere: "Hay acciones a corto plazo, mediano y largo plazo. Las acciones a corto plazo no se han realizado todavía, como por ejemplo hacer un sistema de medición de los niveles de contaminación del aire adecuados. Es importante que se actúe más rápido".

Sobre la reacción de las empresas del cordón industrial, que recién el lunes algunas de ellas explicaron de manera pública en el Congreso lo sucedido, la directora del INDH plantea que "hay lentitud". Según sostiene, en materia de protección de derechos humanos, "las empresas no pueden hacer daño y en este caso están dañando la salud de la población. Se requiere de ellos una actuación más pertinente y respetuosa con las personas y con el medio ambiente".

Pero Contreras lanza una advertencia: "Es un conflicto visible pero lamentablemente no va a ser el ultimo conflicto que vamos a tener si es que no se toman las medidas adecuadas de construir una matriz productiva en el país que esté adecuada a los estándares que hoy se requieren".

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