Fiscal económico y Caso Pollos: “Éste es el cartel más grande que el sistema haya intentado desbaratar”

En una concurrida audiencia pública en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, litigó como parte demandante del Caso Pollos, donde exhibió evidencias y elementos probatorios que estaban previamente con reserva, como correos electrónicos enviados entre los principales ejecutivos de las empresas avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.

A juicio del fiscal, este caso se trataría del "cartel más grande que el sistema de libre competencia haya intentado desbaratar", por lo mismo pidió al TDLC que ordene el cese del cartel, que se exija un cobro de al menos 30 mil UTA (US$ 26,9 millones actuales) para cada empresa y que se disuelva la Asociación de Productores Avícolas (APA), que supuestamente funcionaba como ente articulador del cartel.

Contundencia de las pruebas
La prueba más antigua del fiscal data de 1994, donde las empresas pactaron un documento de convenio, en el cual la principal norma básica es la "prohibición estricta de usar artificios que se traduzcan en la violación o distorsión de los precios de referencia convenidos". Ese sería el punto inicial del cartel, que, a juicio del fiscal, comenzó como un cartel de precio.

Para velar todo este cumplimiento del pacto, en ese entonces se escogió a Juan Miguel Ovalle Garcés como parte del Comité de Evaluación del acuerdo. Este ejecutivo que se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Productores Avícolas en los últimos años, es sindicado por la FNE como el gran articulador de todo el cartel.

Irarrázabal comentó en la audiencia que la misión que se atribuye la APA, que es realizar "una proyección de la demanda", no es otra cosa que "un eufemismo que hacen los jugadores que tienen el 92% de mercado. Es una proyección autocumplida". De esta manera, comenta que "las participaciones de mercado de estas empresas no han variado desde los noventa".

Según declaraciones recientes de Ovalle, él no tenía conocimiento que este convenio haya operado. Sin embargo, el fiscal mostró un fax del 19 de mayo de 1994, donde Ovalle le escribía al controlador de Don Pollo, Ramón Covarrubias, que el precio de venta de los productos de segunda podría realizarse sólo al 50% del precio de la lista y que "cualquier otro precio se
considerará como un incumplimiento del 'acuerdo de precios de referencia'". De esta forma, la FNE mostró otras secuencias de pruebas similares.

Desde la década de los noventa que las empresas tienen que entregar semanal y mensualmente a la APA su información de producción en kilos, nacimientos, ventas en unidades, kilos  y valores, etc. De esta forma se habría consolidado el inicio del "cartel de la producción", tal como lo mostró el fiscal con una serie de correos electrónicos hasta 2010, donde se aprecian diversos intercambios entre los ejecutivos regulando sus cargas y mostrando sus listas de precios.

Daño económico
Dentro del repaso del análisis económico, Irarrázabal comentó que Andrés Gómez-Lobo, economista y actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a quien se le encargó un estudio, estima montos cercanos a US$ 1.500 millones en relación al efecto que habría producido ese cartel por el sobreprecio en la limitación de la producción.

"La FNE tiene conclusiones absolutamente distorsionadas", comentó la defensa de la Asociación de Productores Avícolas, encabezada por el abogado Felipe Vial, argumentando que la fiscalía ignora del mercado a las importaciones y las exportaciones. La entidad gremial aseguró que el precio doméstico está dado por el valor internacional y añadió que el mercado del pollo local es "sumamente competitivo, pues el arancel de productos avícolas es cero, por lo que no existirían las barreras de entrada que cita la FNE". Vial defendió la posición de que los informes y proyecciones de cuotas elaboradas por la APA "son legítimos" y que "sin ellos no se podría reunir la información para que el sector se desarrolle". Agregó que a lo largo de su existencia, la labor de la APA ha sido reconocida por diversas personalidades como, por ejemplo, el actual ministro de Agricultura, Carlos Furche.

"La acusación de la FNE se funda en un puñado de mails", disparó el abogado de Agrosuper, Luis Eduardo Toro, quien agregó que "más que mails, tiene que haber pruebas económicas y técnicas".
Justamente, el abogado basó su defensa en estos dos tipos de fundamentos, donde detalla que la FNE comete el gran error de excluir el mercado de las partes del pollo, y asevera que el mercado del pollo entero tiene sólo un 31% del total, por lo que la fiscalía erró en su definición de mercado relevante. Por otro lado, sostuvo que Agrosuper no siguió las sugerencias de carga de la APA y lo demostró con cifras avaladas por el Dictuc.
Toro detalló que la FNE considera en su investigación los precios de lista, sin tener en cuenta los descuentos. También defendió que "el intercambio de información investigada es normal y lícita".

La defensa de Ariztía, encabezada por el abogado Álvaro Ortúzar, partió su alegato diciendo que los cargos que le imputa la FNE son "algo contra toda racionalidad y naturaleza, como que un joven de 15 años se enamorase de una abuela".  El abogado se preguntaba "¿cómo pudo un cartel haber perjudicado a todos los consumidores y que nadie se haya dado cuenta?". Es por eso que considera la acusación "inverosímil", y agrega que "los productores avícolas han sido basureados".
Ariztía criticó que la FNE no haya tomado en cuenta a los productos sustitutos del pollo y la irrupción del pollo congelado en el mercado. Por otro lado, Ortúzar aseveró que "el precio lo fija el canal supermercadista, mayorista y horeca -hoteles, restaurant y catering-, no las empresas avícolas. Incluso los supermercados manejan un margen del 30% del pollo".

El abogado Andrés Rioseco, afirmó que su representada, Don Pollo, "es un competidor pequeño, con un 6% de la producción nacional, por lo que no tiene ningún poder de mercado".
Rioseco explicó que "la Fiscalía no acreditó la participación de Don Pollo en un acuerdo de limitación de producción y asignación de cuotas". El abogado añadió que la FNE "ha ignorado la presión competitiva de las importaciones, que más que duplican la producción total de Don Pollo" .
La defensa de la empresa afirmó que "la sanción solicitada por la FNE es desproporcionada e injustificada. Proporcionalmente, sería aplicar la multa más alta del mundo y su aplicación tendría como efecto más probable la eliminación de Don Pollo del mercado, afectando la competencia futura y perjudicando así a los consumidores".