SMA formula cargos contra Metro por vibraciones en torno a la Línea 6

Por tercera vez en menos de cinco años, las operaciones de Metro están bajo la lupa de la Superintencia del Medio Ambiente (SMA), luego de que el organismo abriera un proceso sancionatorio, esta vez dirigido a la Línea 6 que une las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Providencia.

En respuesta a un conjunto de denuncias de vecinos de Providencia, Ñuñoa, Santiago y Pedro Aguirre Cerda tras la puesta en operación del proyecto en 2018, la SMA efectuó fiscalizaciones en las viviendas de los vecinos afectados recurriendo a una consultora especialista en medición de vibraciones.

"Este caso ha sido especialmente complejo para la Superintendencia, debido a que no existe una norma chilena que establezca metodologías como sí existe para la norma de ruidos el D.S.38/2011. En este caso, existen estándares internacionales que regulan las vibraciones y que quedaron en los compromisos de la RCA del proyecto", explicó María Isabel Mallea, Jefa de la Oficina Regional Metropolitana de la SMA.

Los dos cargos fueron catalogados como leve y grave. En el primer caso, la SMA apunta a que Metro no cumple con la metodología de medición exigida, lo que se podría traducir en una multa de hasta $ 558 millones.

En tanto, la segunda acción acusa a la estatal de superar el límite de vibraciones establecido en la norma ISO 2631-2:1989 en cinco de las siete ubicaciones monitoreadas, lo que acarrea una multa que puede llegar hasta $ 3.000 millones.

Reacción de Metro

Mediante un comunicado, Metro informó que tomó conocimiento de la notificación y responderá prontamente a la formulación de cargos, luego de que sus equipos técnicos revisen su contenido.

Además, la estatal aseguró que ha desarrollado un trabajo sostenido en materia de vibraciones, con mediciones periódicas y medidas de control en algunos sectores, aun cuando sus resultados han reportado el cumplimiento de la norma.

De acuerdo con el procedimiento regular, Metro tiene un plazo de diez días hábiles para presentar un programa de cumplimiento con acciones para enmendar sus incumplimientos, o bien un periodo de 15 días hábiles para formular sus descargos.

La empresa estatal tiene en paralelo otro proceso que aún no ha sido terminado, el cual fue iniciado en 2017 por la afectación de edificios patrimoniales producto de la construcción de la Línea 3, donde arriesga multas por US$ 22 millones en su grado máximo.

Sin embargo, esa causa sigue en revisión desde agosto de 2018, fecha desde la cual no presenta movimientos en su expediente.