SQM juega su última carta en Contraloría para detener expansión de Rockwood en el Salar de Atacama

Perdió una batalla, pero no la guerra. Ese es el escenario en el que se encuentra SQM luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta rechazara la invalidación pedida contra el proyecto de expansión de Rockwood, ya que todavía falta un pronunciamiento de la Contraloría, organismo al que decidió recurrir la minera no metálica.

Lo que era una posibilidad, fue finalmente concretado por la empresa todavía controlada por Julio Ponce. Desde SQM, consultados por esta información, se limitaron a confirmar el ingreso de un recurso a ese organismo, pero declinaron hacer más comentarios.

El tema ya había sido analizado por el directorio de la minera y se aprobó oponerse a la expansión de su competidora, que obtuvo en enero su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “Los señores directores acuerdan por unanimidad autorizar la interposición de todos los recursos que procedan al respecto y que incluyan, entre otros, los de invalidación ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y, después, de proceder, el de ilegalidad ante la Contraloría General de la República”, consta en el acta de la sesión de marzo de la mesa de SQM.

En esa misma sesión, el gerente general de la minera, Patricio de Solminihac, decía que el permiso obtenido por Rockwood tiene efectos en las obligaciones y planes de contingencia medio ambientales de SQM Salar, por lo que enfatizó en la necesidad de que la compañía ejerza todas las acciones legales que pueda interponer en contra de dicha RCA.

Cercanos a la minera señalaron que la interposición del recurso en Contraloría se fundamenta en que la iniciativa de Rockwood afecta su operación, ya que una mala práctica de la empresa vecina puede gatillar el plan de contingencia de la operación en el Salar de Atacama, el que resguarda áreas sensibles que se deben proteger.

Añade la fuente que el interés de la minera no es bloquear a su competidor, sino que desarrolle su proyecto, pero sin impactar en la operación ni en los compromisos ambientales de SQM. Para eso, dice, Rockwood debería implementar los resguardos medioambientales que prevean los escenarios más riesgosos.

El pronunciamiento Contraloría es esperado para las próximas semanas y la minera buscaría la invalidación de un acto administrativo, como lo es una RCA.

Otros actores del mercado, eso sí, apuntan a que la minera no metálica está recurriendo a resquicios legales para impedir el aumento de la producción de su competidor. Agregan que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la norteamericana es el estudio hidrogeológico más completo sobre el comportamiento del Salar de Atacama que se ha realizado.

Un abogado de la plaza sostuvo que el recurso de SQM en Contraloría debería tener el mismo destino que la invalidación presentada al SEA.

El proyecto

La iniciativa cuestionada por SQM contempla la inversión de US$ 17 millones y prevé una vida útil de 30 años. Considera un aumento progresivo en la extracción de salmuera natural desde el Salar de Atacama, y para ello se consideran nuevos sistemas de pozas de evaporación solar que se emplazarán contiguas a las ya existentes en sus instalaciones.

El mineral extraído, luego de pasar por el sistema de pozas de evaporación, incrementará la producción de salmuera concentrada en litio desde los 80 mil m3 actuales a 170 mil m3.

Este proyecto está en línea con el acuerdo que espera llegar Corfo y Rockwood, para aumentar la producción de litio. La redacción del contrato estaría en sus últimas fases aunque, luego, la empresa debe contar con una autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen).

Los motivos del SEA para declarar inadmisible recurso

SQM no estaba legitimado para solicitar la invalidación del proyecto de expansión de Rockwood.
Ese es uno de los argumentos principales esgrimidos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta para declarar inadmisible el recurso que en marzo había ingresado la minera no metálica.

En el pronunciamiento se explica que las personas jurídicas, como es el caso de SQM, tienen que tener en su objetivo social la protección del medio ambiente para participar como tercero interesado en la evaluación.
Por eso, dice, el solicitante de la invalidación "no cumple con ninguno de estos supuestos, por lo cual carece de titularidad de un derecho o un interés individual o colectivo tutelado".

Otro de los aspectos discutidos por SQM es la invariabilidad de las condiciones de operación de su proyecto, las que se verían afectadas por eventuales restricciones ambientales derivadas de la operación de otros proyectos en su área de influencia.

"Dicha invariabilidad de las condiciones de operación no encuentra amparo alguno en nuestra legislación ambiental y, además, son materias que se encuentran fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)", señala el documento firmado por la directora del SEA de Antofagasta, Patricia de la Torre.