El caso Albán que investiga Claudio Grossman en Venezuela

“La primera razón que me motivó a tomar el caso fue que no hemos visto en el hemisferio, durante un tiempo ya, situaciones en que alguien ‘se suicide’ saltando del décimo piso, cuando está en manos de la policía política de un gobierno. En las violaciones de derechos humanos esto siempre ha sido un clásico y siempre se ha demostrado que no es suicidio, por lo que me pareció simplemente inaceptable.

Esto surgió a partir de unos abogados venezolanos –entre ellos un excompañero de curso del concejal Fernando Albán- que me preguntaron si podía colaborar, junto a otros abogados, lo que acepté con mucho gusto. Llamé a mi hija, con la que hemos tomado casos siempre y decidimos ayudar en este.

Esto sucedió en octubre del año pasado y se parece al caso del periodista saudita Jamal Khashoggi. Alguien está detenido, en las manos de una policía y de repente ‘salta y se suicida’. Que no haya una reacción internacional muy fuerte, simplemente no me parece adecuado y como yo fui presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité Contra la Tortura, conozco bien el sistema. Me pareció que podía aportar, en el sentido de mover esta causa”. “Haber tomado el caso no es ningún acto de heroísmo. Lo he tomado pro bono.

Si la persona cayó del décimo piso, si no se le entrega el cuerpo a los familiares, si no hay acceso a la autopsia, si hay declaraciones de las autoridades que son absolutamente inconsistentes se crea una presunción de que la responsabilidad es de quienes detuvieron al señor Albán. Esa presunción se puede desmentir mostrando la autopsia, entregando el cuerpo que los familiares piden que se les entregue. Pero en este momento la presunción, muy válida y razonable, es que lo que le pasó a Albán no fue un suicidio. No podemos perder nuestra capacidad de indignarnos, cualquiera sea la ideología o adhesión política de los afectados.

Despoliticemos esto. Hay gente que puede ser partidaria de cualquier alternativa en Venezuela, pero resulta que desde el punto de vista jurídico, cuando alguien está en detención, la responsabilidad sobre su integridad física y emocional le corresponde a quienes son sus carceleros. Y resulta que ninguna violación de derechos humanos se hace en presencia de un notario público. Cuando uno está en manos de un gobierno y le pasa algo, las presunciones prueban el caso.

Hay que buscar excluir de la lucha política ciertas cosas. No se puede hacer desaparecer gente, no se puede entregar niños en adopción después de haber matado a sus padres, ni tampoco se puede tirar a alguien del décimo piso y decir que aquí no pasó nada, o que saltó sin hacer una investigación adecuada que demuestre que esa es la situación.

Uno puede tener cualquier adhesión ideológica, pero no podemos aceptar que una situación como ésta no se investigue y no se establezcan las responsabilidades necesarias. Y es inaceptable que no hayan, por cierto, las reparaciones que corresponden a una familia que queda en la calle con dos niñas.

Esa reparación debe ser integral y la reparación para la familia de Fernando Albán incluye los siguientes puntos: Uno, investigación y establecimiento de las responsabilidades de quienes cometen una violación; segundo, compensaciones por el daño material y moral que se le ha hecho a los dependientes, por el dolor y la pena que se les causó. Después, tiene que haber garantías de no repetición, de que estas cosas no van a volver a ocurrir. Eso puede implicar cambios legales que permitan supervisar las acciones del Sebin (Servicio de Inteligencia venezolano), poner cámaras, revisar los procedimientos de detención, etc; y después, hay medidas de satisfacción, porque los niños y la señora han escuchado que su marido y padre lo están tratando de poner como un delincuente que se suicidó. Él no tenía historia de tener problemas de carácter psicológico, entonces, una medida de satisfacción es pedir perdón por las cosas que han ocurrido.

En Venezuela hay violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y están suficientemente comprobadas por organismos con credibilidad, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra La Tortura -porque Venezuela ratificó hace años la Convención contra la Tortura- que ha mostrado la existencia de tortura sistemática. Y, desde ese punto de vista, hay muchos argumentos para plantear que la legitimidad está por el lado de (Juan) Guaidó, como lo han dicho actores internacionales como el Pacto de Lima o la Unión Europea.

Pero mi rol aquí y mi definición individual no es estar en la política. Yo tengo mi opinión sobre el tema y creo que es un ejercicio muy legítimo. Pero lo que siempre he buscado es despolitizar el tema de los derechos humanos e impulsarlo sin distinción de quién los comete y quién es la víctima. Cuando hay una violación de derechos humanos uno no tiene que preguntarse quién es la víctima, si está de acuerdo con ella y quién supuestamente cometió el delito.

Mi motivación fue tomar un caso inaceptable. No se puede aceptar que esto se normalice”.