Francia evalúa hacer más concesiones en su reforma tributaria

El gobierno de Francia, que sigue bajo presión por las protestas de los llamados “Chalecos Amarillos”, dejó ayer la puerta abierta a restablecer el controvertido impuesto a la fortuna que modificó en 2017 y que se había convertido en una de las reformas más prominentes del presidente Emmanuel Macron.

Benjamin Griveaux, portavoz del gobierno, dijo que “si una medida que tomamos, que le está costando dinero al pueblo, resulta que no funciona, no somos estúpidos, lo cambiaríamos”, dijo a la radio RTL.

Pero “este tema no está sobre la mesa” aún, dijo Griveaux. Podrían pasar entre “18 y 24 meses para que la medida tenga su pleno efecto”.

En la víspera, el Ejecutivo ya había suspendido el aumento del tributo a los combustibles, planificado para enero de 2019, sumando dos cambios importantes a sus reformas iniciales.

La idea es evitar, a toda costa, nuevos disturbios. Sin embargo, los líderes del movimiento siguen con su convocatoria para este sábado, y ayer mantenían la mayoría de bloqueos en carreteras y estaciones de servicio.

La reforma al llamado impuesto de solidaridad sobre la riqueza excluyó el año pasado a las inversiones y pasó a cubrir sólo a los activos de propiedad, con el fin de impulsar que los ahorros fueran destinados a la economía real. Pero sólo se activaron las críticas de los opositores de Macron, a quien consideraron el “presidente de los ricos”.

Sin embargo, para Alberto Polette -abogado de la Universidad de Los Andes y magister en Derecho de Energía de la Universidad Aix-Marseille de Francia- la reforma de 2017 fue positiva y “reinstaurarlo, más allá del patrimonio inmobiliario de los contribuyentes, podría traer consecuencias negativas para la economía francesa”, como un menor crecimiento, menor inversión y menor empleo, detalló.

“No pagarán impuestos en Francia, disminuyendo así la recaudación fiscal por impuesto a la renta”, agregó.

Un informe mostró ayer que Francia se convirtió en 2017 en el país con mayor carga tributaria de la OCDE, pasando de un 45,5% a un 46,2% del Producto Interno Bruto, por encima del promedio de 34,2% entre los 34 miembros del grupo.