Puerto Rico pide activar proceso de quiebra para reestructurar su deuda de US$ 70.000 millones

La Junta de Control Fiscal (JCF) para Puerto Rico acudió hoy a un tribunal federal en San Juan y solicitó el establecimiento del título III de la ley federal que establece, mediante la declaración de una quiebra, un proceso para la reestructuración de la deuda de US$ 70.000 millones.

La normativa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores, se haya agotado sin éxito.

El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.

En un comunicado el presidente de la JSF, José Carrión, explicó que la Junta determinó que la medida era "necesaria" y "apropiada" para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, después de que la moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejara de tener efecto a partir del lunes.

Ello abrió la puerta al proceso de quiebra, iniciado hoy, tutelado por la Justicia.

Carrión enfatizó que este amparo al Título III no debe impedir los "esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores".

En el comunicado, Carrión a su vez, recordó que el Plan Fiscal recientemente impuesto por la JSF y aplicado por el Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda.

"Pero los problemas de liquidez y solvencia del gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre", remarcó.

En su solicitud de quiebra, la JSF detalla todos los acreedores y remarca que debe alrededor de US$ 12.000 millones en bonos de la isla.