Indemnización por años de servicio: foco de rigidez

s usual que el aspecto peor evaluado de nuestro país en los rankings de competitividad y libertad económica sea nuestra legislación laboral. Y dentro de ésta, el ítem que es considerado como más restrictivo son los elevados costos del despido, reflejados en la política de indemnizaciones por años de servicio.

A nivel técnico, existe un consenso muy amplio sobre las distorsiones e incentivos incorrectos que genera la regulación del despido, sin embargo, llevamos décadas sin que exista voluntad política para modificarla, por lo que es de esperar que esta vez pueda haber una discusión seria al respecto. No se trata de afectar contratos ya existentes, sino de que las nuevas contrataciones se puedan hacer bajo un esquema menos castigador del empleo formal, especialmente cuando vemos un proceso más lento del deseable en materia de nuevos puestos de trabajo asalariados.

El esquema vigente genera incentivos perversos, tanto para el empleador como el trabajador, que llevan a una rigidez excesiva del mercado. Porque además de encarecer la contratación formal, frente a la necesidad de ajustes en la dotación, la existencia de estos costos de despido lleva a que sean desvinculados los trabajadores de menor antigüedad, y no necesariamente los menos eficientes, especialmente en empresas con mayores restricciones de liquidez. Más aun, no sólo se producen problemas para el despido, sino también para readecuar funciones de los trabajadores, lo que exige un cambio del contrato, con la respectiva indemnización. Esto es especialmente complejo en la adaptación de las empresas al entorno cambiante.

Desde el punto de vista del trabajador, los incentivos de esta regulación también atentan en contra de la productividad. Primero, los de mayor antigüedad podrían descuidar su desempeño, sintiéndose “protegidos” por el elevado costo del despido. Segundo, se perjudica la movilidad del trabajador hacia alternativas mejores para él, debido a que no se quiere renunciar a los fondos acumulados en la indemnización. En este contexto, no es inusual buscar ser despedido, con evidentes efectos negativos en la productividad y el clima interno.

En definitiva, estamos frente a una norma claramente antiproductividad y que debería ser modificada, en beneficio del país.