A propósito de los aluviones y otras catástrofes…

Es sabido que Chile es un país expuesto a catástrofes naturales de diferente especie. Sólo en los últimos meses hemos sido víctimas de un terremoto en Chiloé, de una graduación que en muchos países del mundo se hubiese transformado en algo de verdad catastrófico. Pocas semanas después se desplegaron en la zona central los incendios más grandes de los últimos años en el mundo y supimos reaccionar como país en muy buena forma, a pesar de los reclamos de algunos y de esa obsesiva búsqueda de culpables, que de alguna manera hagan explicable lo inexplicable como son estas situaciones azarosas que se denominan accidentes. Finalmente, y cuando el verano estaba llegando a su fin, nos vemos afectados por lluvias en el norte y el centro del país que trascienden lo normal y se transforman en aluviones que tienen como consecuencia personas fallecidas y algunos desaparecidos.

En cada de una de estas circunstancias, más allá de la pérdida de vidas humanas, lo que se resiente en forma significativa es nuestra infraestructura, afectando la calidad de vida de las personas y la productividad del país.

La forma en que se enfrentan las emergencias y la posterior recuperación de lo dañado es a través del presupuesto público, para lo cual se recurre, en algunos casos, al 2% constitucional para catástrofes y a reasignaciones presupuestarias, que no son sino el traspasar recursos que estaban destinados a un cierto propósito, a estos fines de mayor urgencia que surgen como consecuencia de los eventos en cuestión.

Todo esto debiera invitarnos a reflexionar acerca del carácter de nuestro desarrollo y la etapa en la que nos encontramos. No caben dudas que como país hemos hecho grandes avances y nadie puede discutir que hoy vivimos, en absoluto, mucho mejor que hace 25 años atrás. Esto es particularmente notorio en la infraestructura. Sin embargo, esa condición devela cierta fragilidad cada vez que nos vemos enfrentados a situaciones catastróficas que ponen en tela de juicio su calidad y la capacidad de recuperación que tenemos. No faltan quienes sostienen que las cosas se han hecho mal y aspirarían a que se diseñaran las obras para ser infalibles. Eso, bien lo sabemos, es imposible, dado el alto costo en que habría que incurrir para generar las reservas necesarias de capacidad, de resistencia al fuego o a los movimientos telúricos, que harían inviables las inversiones.

El sector privado lo ha resuelto de otra manera, a través del aseguramiento de las obras a su cargo. Es así como cuando una carretera concesionada se ve afectada por un terremoto, los recursos para la emergencia y para su reconstrucción son aportados por la industria del aseguramiento, la que en esas circunstancias inyecta “financiamiento nuevo” que permite enfrentar estas contingencias en forma más expedita y con un limitado impacto en su caja. De igual forma sucede con los hospitales, los establecimientos para educación y otros servicios públicos que pueden ser vulnerables ante distintos fenómenos catastróficos. Particularmente sensibles son las viviendas para los sectores más vulnerables, las que no cuentan con seguros al no ser financiadas con créditos de ninguna especie. De verse afectadas, su reconstrucción debe ser financiada directamente por recursos públicos, generándose los rezagos propios de las asignaciones presupuestarias que se requieren para ello.

Dada la creciente exposición que Chile está teniendo a catástrofes de distinta especie, sería interesante iniciar una discusión que permita generar una relación de cooperación entre la industria de los seguros y el gobierno, para diseñar una política de aseguramiento de la infraestructura vulnerable, tal como ya ocurre en otros países del mundo. Chile merece contar con otras fuentes de financiamiento para hacer frente a estos fenómenos.