Aprender de la experiencia internacional

Danae Mlynarz

La generación de una propuesta de política pública para ordenar la relación entre las empresas, las comunidades y el territorio, es el objetivo principal del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial, iniciativa de Alianza Valor Minero. Se trata de un esfuerzo en el que participan instituciones académicas, consultoras y también la sociedad civil, y que concretarán su trabajo en un documento final que será entregado a las autoridades en septiembre.

Este diseño busca no solo generar beneficios al territorio, sino desarrollar inversiones y entregar políticas claras para todas las partes. El contexto internacional ha nutrido este modelo y se han considerado las experiencias de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Perú, que son referentes en materia de institucionalidad medioambiental y participación.

El caso canadiense hace su aporte en materia de valor compartido; el sistema australiano a la evaluación integral del impacto; el caso neozelandés aporta con la consulta indígena; el suizo a la participación ciudadana y el peruano, mayoritariamente al sistema de diálogo social.

Las características de cada uno de los modelos permiten hacer una comparación con la institucionalidad vigente en Chile y observar las brechas en aspectos como la generación de diálogo y la resolución de controversias. Sin embargo, también evidencian condiciones y características culturales que hoy nuestro país parece carecer, como por ejemplo, una sociedad civil más robusta, validación institucional del diálogo y recursos para implementar el monitoreo.

La propuesta que se está trabajando ha recogido las buenas prácticas de la experiencia internacional para fortalecer las carencias que se han detectado en nuestro país. Por ejemplo, IDT ha levantado dentro de sus principios la participación temprana en la evaluación ambiental y múltiples oportunidades de participación durante el ciclo de vida de un proyecto de inversión, a diferencia de lo que sucede hoy en Chile, donde la participación ciudadana tiene lugar luego de la entrega del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, se han integrado como base de la propuesta los procesos de diálogo y acuerdos informales que buscan, entre otros, obtener el consentimiento de comunidades indígenas.

Asimismo, el diseño de esta institucionalidad está teñido de una gobernanza flexible y transparente, con el fin de adaptarse a los requerimientos de los territorios y de los proyectos de inversión. Todo esto en concordancia con un análisis de los riesgos y oportunidades de la instalación de un proyecto en un territorio específico considerando el ordenamiento territorial, principios fundamentales en la institucionalidad ambiental de países como Suiza y Nueva Zelanda.

Es necesario avanzar hacia cambios legales en materia de evaluación ambiental. Mientras se desarrolla este proceso, sería una buena señal implementar espacios de participación temprana para aprender a hacer las cosas de manera diferente. Conocer y analizar experiencias internacionales es clave en la construcción de una política nacional que establezca formas de diálogo, considere variables sociales, económicas y territoriales que compartan beneficios con las comunidades.