Campamentos: elementos para el análisis

Paulina Henoch

La situación en la que viven las familias de campamentos se ha vuelto a visibilizar con el desalojo del Cerro Renca. Si bien el fenómeno de los campamentos no es nuevo, su aumento durante los últimos años vuelve a interpelar sobre qué tan efectivas han sido las políticas públicas para estas familias.

Aunque entre 2011 y 2017 casi un millón de personas salió de la pobreza, los campamentos aumentaron de manera importante. Entre 2011 y 2019, los campamentos y sus hogares crecieron un 22% y un 42%, respectivamente. Según la última información disponible post catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a la fecha existen 418 nuevas tomas de terreno. Con esto, serían 1.220 campamentos o tomas y 73.526 hogares viviendo en ellos (casi la misma cantidad de hogares que hay en la región de Arica). Siendo las regiones de Valparaíso y Metropolitana las que presentan una mayor concentración y las del norte con más crecimiento.

Entre las principales razones de las familias para llegar a los campamentos están el alto costo de los arriendos (30,7%) y la cesantía o los bajos ingresos (20,6%). Esto último, cesantía y baja en los ingresos, se profundizó durante 2020, y tal como lo señala la Encuesta de Ocupación y Desocupación, los quintiles de menores ingresos son los que presentaron el mayor retroceso durante la crisis sanitaria.

Hay varios elementos que debieran ser tomados en cuenta. Que las tomas ilegales no presenten las condiciones mínimas de habitabilidad y carezcan de elementos sanitarios básicos, tales como el agua o el alcantarillado, agrava aún más la situación de la crisis sanitaria. Además, varios de estos asentamientos presentan otros peligros, dado que se emplazan en zonas de riesgo por inundación, derrumbe o incendio. Todo esto es aún más preocupante por la importante cantidad de niños que viven en ellos: un 33,1% de esa población.

Pareciera que la generación de estos asentamientos se debe a múltiples carencias, tanto en lo económico y laboral e incluso influiría en él un fenómeno como la inmigración.

Por lo anterior, las medidas que se implementan en estos territorios requieren de una importante capacidad de gestión de los equipos que están a cargo de implementar las soluciones. En ese sentido, es muy positivo el anuncio del Minvu que aumenta su gestión de cierre a 100 campamentos y promueve la habitabilidad primaria en otros 100.

Existe vasta evidencia de que se debe priorizar la política social en soluciones para los campamentos y las medidas del Gobierno van precisamente en esa dirección. No obstante, también es necesario avanzar en otro tipo de medidas que prevengan la toma ilegal de los terrenos y evitar que estos asentamientos sigan en aumento.

Definitivamente no son políticas públicas sencillas, pero sí son necesarias, insuficientes y urgentes. Por esta razón, se requiere que los instrumentos que ya se disponen se utilicen de manera efectiva para el propósito para el cual fueron creados.