La necesaria protección de la inversión extranjera

Joel González Castillo

El 1 de enero de 2016 dejó de regir el DL 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, que apuntaba, en lo fundamental, a una invariabilidad tributaria y garantizaba el acceso al mercado cambiario para la remesa de capitales o utilidades.

En el Mensaje de la Ley 20.848 se lee como fundamento de la derogación que dicho Decreto Ley “fue concebido en otro momento de nuestra historia, cuando efectivamente las inversiones extranjeras necesitaban un marco especial, tanto institucional como de estabilidad, para entrar al país. Hoy, dicho régimen de excepcionalidad no es necesario (…) por su estabilidad económica, social e institucional, lo que nos permite con tranquilidad dar el paso de derogar este decreto ley”. Luego de los acontecimientos del 18 de octubre del año pasado, cualquiera sea el juicio que se tenga sobre ellos, habrá que concordar qué lejanas y ajenas se escuchan esas palabras.

En el muy corto plazo nuestro país se verá enfrentado a reformas estructurales de la mayor envergadura, partiendo por una nueva Constitución Política, donde la intuición indica, por ejemplo, que el derecho de propiedad posiblemente ya no tendrá la misma protección de que goza hoy. Súmese a esto que una vez concluido el proceso constituyente la población constatará que no todo lo que se escribe en una Constitución se hace realidad, por lo que las tensiones y demandas sociales, de la más variada naturaleza, nos seguirán acompañando por un buen tiempo. Por otra parte, la relación deuda pública/PIB podría empinarse, fácilmente, a un 40% a la vuelta de la esquina, en 2022. Este nivel de deuda, los gastos comprometidos y las promesas electorales, nos conducen, inevitablemente, de acuerdo a la mayoría de los expertos, a una reforma tributaria mayor, seguramente con acento en el aumento de impuestos.

Un listado considerable de cosas -además de una nueva Carta Fundamental, otra reforma tributaria, numerosos procesos electorales-, todo en un plazo muy breve de dos años, aconsejan transmitir, de alguna forma, certeza y seguridad jurídica a la inversión extranjera. La competencia por ella es feroz en el mundo. Un par de ejemplos. Perú hace rato nos viene pisando los talones en minería y hacia allá se han dirigido grandes inversiones mineras por muy diversas razones; en sentido contrario, al otro lado de la cordillera aumenta el número de empresas extranjeras de todo tipo que se retiran de Argentina, buscando otros destinos que les ofrezcan más certeza y rentabilidad.

No se trata de reponer el DL 600 o que Chile entre en una “race to the bottom” impositiva ofreciendo, como lo hacen algunos países (Irlanda) o estados norteamericanos(Delaware), la menor tasa corporativa. Pero sí hay que ser especialmente proactivos y creativos para atraer esa inversión extranjera. En todas las bancadas hay congresistas destacados y preparados que pueden explorar alguna fórmula, en este escenario de incertidumbre, complejo y volátil que estamos viviendo, que transmita tranquilidad a quienes quieren invertir en el país. Esto sería tremendamente beneficioso para cualquiera que sea el gobierno que asuma en marzo de 2022; la inversión extranjera -cumpliendo las normas medioambientales, fiscales y laborales- debe ser bienvenida: inyecta capital a la economía nacional, aporta al crecimiento del PIB del país, es fuente de empleos, significa más exportaciones y más divisas e implica transferencia de tecnología, de punta, en muchos casos.