La precariedad de los gobiernos regionales

El actual proceso de descentralización ha considerado el ámbito político y administrativo, dejando a un lado la discusión relativa a lo fiscal. Avanzar en este último punto es clave ya que la estructura de financiamiento de los gobiernos regionales es precaria, principalmente, por dos razones: la escasez de recursos y la baja autonomía en el uso de ellos.

No es novedad sostener que en Chile la inversión pública está centralizada. Según los datos del Sistema Nacional de Inversión (SNI) en el año 2015 sólo el 21% de la inversión pública se canalizó a través de instancias subnacionales (14,9% regional y 6,1% local). Este déficit queda en evidencia al compararnos con países unitarios OCDE con ingresos per cápita similares al nuestro, como Hungría (38,4%) o Portugal (45,9%). La brecha se vuelve mayor al contrastarnos con países unitarios que ya vivieron procesos de descentralización, como Francia (58,8%) e Italia (54,9%).

De poco y nada sirve que más recursos se canalicen a través de instancias subnacionales si no se dispone realmente de ellos. En este sentido, los gobiernos regionales tienen una estructura de ingreso precaria también en términos de autonomía. Observando las cifras del 2015 en el SNI y la Dipres, se ve que el 92,6% de sus recursos provienen de transferencias del gobierno central y un 4,8% de recaudación propia. No obstante, el alto peso de las transferencias no es en sí mismo un indicio de baja autonomía. Hay países unitarios como Francia en que la recaudación propia pesa un 64,3% y federales como México en que el 91,5% de los recursos provienen de transferencias.

Más bien la precariedad se observa, primero, en la alta discreción por parte del gobierno central en la asignación de estos recursos. Entre los países OCDE unitarios sólo un 23,4% de las transferencias que reciben los gobiernos subnacionales son discrecionales. Es decir, 1 de cada 4 pesos transferidos depende de la voluntad del gobierno central. El resto se asigna en función de criterios objetivos. En cambio, en nuestro país esta cifra asciende a un 43,5% (si consideramos sólo el FNDR-provisión y los IRAL). Prácticamente la mitad de las transferencias dependen de la voluntad política del gobierno central. Segundo, la precariedad se aprecia en que un 66,8% de las transferencias vienen condicionadas desde el gobierno central, lo cual contrasta con el 57,1% observado entre los países OCDE unitarios.

La discusión no se agota en qué y cuántos recursos traspasar, sino que es fundamental que el sistema de transferencias entregue mayor flexibilidad en el uso y, principalmente, que genere certidumbre en cuanto a que la asignación estará en función a criterios objetivos y no a voluntades políticas.