TMC, menos inclusión y menos competencia

Próxima a celebrar 90 años en nuestra legislación, la tasa de interés máxima convencional (TMC) enfrenta nuevos cuestionamientos.

La ley sobre operaciones de crédito de dinero establece un límite para la TMC, que tradicionalmente se calculaba como un 50% del interés promedio de las tasas cobradas por los bancos en Chile, y faculta a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para definir distintos tramos de créditos, en función de plazos y montos.

En diciembre de 2013, esta ley fue modificada con el objetivo declarado de reducir la TMC para los créditos de menores montos y evitar con ello los efectos negativos derivados de la falta de conocimientos financieros de este grupo de deudores. La evidencia parece demostrar que al menos parte de los efectos no deseados se estarían verificando. En efecto, en junio pasado la SBIF publicó una columna informando que producto de la referida modificación legal “a noviembre de 2017 entre 205 y 275 mil deudores (…) salieron del mercado crediticio bajo su fiscalización (que incluye también a entidades no bancarias)”.

Consultados sobre esta “desbancarización” que afecta tanto a hogares como a microempresas, todos los senadores (salvo uno) se manifestaron contrarios a derogar la TMC, contrariando la tendencia que vemos en España, E.E.U.U., Reino Unido, México, Brasil y Perú. Nuestros legisladores ni siquiera estuvieron disponibles para modificar la TMC, pues estiman que beneficia a las familias de clase media. Lamentablemente, lo que se ignora o se pasa por alto es que la TMC perjudica tanto a aquellos que supone proteger (los sectores de menores ingresos) como a los bancos e instituciones financieras.

La TMC se suele justificar como protección para los sectores más desposeídos frente a usureros y grandes entidades financieras de posición dominante, todos los cuales se aprovecharían de ciertas asimetrías de información. La ironía es que la TMC promueve la usura y bajo ningún concepto favorece la libre competencia. La “desbancarización” que acusó recientemente la SBIF ha dejado a cientos de miles de hogares y microempresas en una situación financiera precaria, entregados a financistas informales, más costosos y no regulados. Y ha impedido, de paso, que bancos e instituciones financieras compitan con créditos para este segmento de la población y de la economía.

Siendo la inclusión un tema relevante de la agenda pública por estos días, ¿qué tal si generamos condiciones que permitan incluir a estos hogares y microempresas vulnerables en el mercado financiero formal? Y si, además, generamos mayor competencia entre bancos e instituciones financieras, ¿no sería ésa una buena noticia?

Nuestro llamado a los colegisladores –Ejecutivo y Legislativo– es a abandonar visiones paternalistas que se enfocan y prejuzgan a determinados grupos o sectores del país. En este caso, si lo que se pretende es resolver asimetrías de información, basta con entregar más y mejor información.