Una sociedad más inclusiva, pero con reformas bien hechas

Rolf Lüders

Un importante banco de inversión norteamericano estimaba recientemente que la inversión en Chile volvería a aumentar el próximo año, porque el ritmo de reformas previsto sería menor. ¿Es que Chile tiene un sistema económico-social tan perfecto, que hace contraproducentes las reformas? Obviamente que no.

Sin duda nuestro sistema nos ha servido muy bien para crecer económicamente y quizás reducir la pobreza a niveles tolerables. Pero igual, hay amplio acuerdo en la necesidad de hacer reformas en diversos ámbitos, para –sin frenar el crecimiento- lograr una sociedad más inclusiva. El problema es que las reformas se han hecho con una falta absoluta de prolijidad, con un indisimulable sesgo ideológico estatista, y sin considerar en absoluto las preferencias de una población que –repudiando los abusos- ha aprendido a valorar la ausencia de discriminación y la libertad de escoger.

En materia de educación el objetivo es llegar –a todo nivel- a un sistema en que no haya lucro y en que la educación sea gratuita, sin discriminación, y de calidad. Se anunció que la reforma consistiría en un conjunto de proyectos y por el momento solo se han adelantado algunos. Los proyectos aprobados hasta el momento se centran más bien en el mero otorgamiento de transferencias de recursos –que, es cierto, alivian la carga financiera de los hogares favorecidos-, pero que en el mejor de todos los casos tienen un nulo efecto en la calidad de la educación. Peor aún, en el caso de la educación superior, se está introduciendo una odiosa discriminación entre los estudiantes de similar condición económica-social de unas y otras instituciones de educación.

Para financiar, entre otras cosas, la reforma educacional y al mismo tiempo generar una mayor redistribución de ingresos, se hizo una reforma tributaria. La propuesta original en materia de impuesto sobre la renta fue rechazada y se aprobó entonces un sistema con dos opciones. En ambas, para redistribuir más, se aumenta muy significativamente el impuesto de categoría, olvidando que ese tipo de impuesto en el corto plazo desalienta la inversión, y a mediano y largo plazo recae mayormente en el trabajo. Además, la ley tal como quedó, no se puede aplicar y el gobierno se ha visto obligado a enviar un proyecto de reforma a la reforma.
Otra de las reformas, la reforma laboral propuesta, si bien fortalece a los sindicatos, no ataca en absoluto el o los problemas de fondo en materia laboral. Todo lo contrario, la propuesta, si es aprobada como probablemente lo será, es contraproducente. En Chile la proporción de jóvenes que no estudian y no tienen empleo es alta, y aquella de mujeres que no están en la fuerza laboral también lo es. Velasco y Hunneus (2011) ilustran en forma extraordinariamente clara como una política orientada a incorporar a más jóvenes y a más mujeres al trabajo generaría al mismo tiempo más ingreso y una mejor distribución. A eso hay que agregar que la ley tal como viene fijará un piso mínimo salarial, anticipo de un desastre en caso de una futura recesión.

Finalmente la guinda de la torta en materia de reformas. El gobierno está propiciando iniciar el debate sobre el contenido de una nueva Constitución, en vez de proponer reformas a la misma. Se partiría con una hoja en blanco, que se llenaría –por intermedio de cabildos- en consulta con la población. Parece obvio que esa es la mejor manera de generar el máximo de incertidumbre en torno a nuestra carta fundamental. No es de extrañar entonces que los empresarios prefieran postergar inversiones cuantiosas hasta que, sobre todo, se aclare el contenido constitucional en materias tan importantes como el rol del Estado y los derechos de propiedad.

En resumen, el gobierno ha propuesto un conjunto de titulares de reformas para generar una sociedad más inclusiva, objetivo compartido por la inmensa mayoría de los chilenos. Sin embargo, las ha estado implementando sin pragmatismo alguno, con una desprolijidad desconocida entre nosotros y equivocando el diagnóstico en cuanto a los principios que debieran sustentar esas reformas.