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Editorial

Ahora la merluza

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 pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia- que tras una accidentada tramitación ya está teniendo impacto en empleos y en empresas asociadas al rubro pesquero- un grupo de parlamentarios busca aplicar similar fórmula a otro recurso marino, la merluza, que se desarrolla entre las regiones IV y X y que tiene ya una veda planificada anualmente. Antes de iniciar este debate es importante recordar algunos puntos que se pasaron por alto durante la discusión de la legislación de la jibia.

Lo primero fue el llamado de diversos sectores en el sentido de que más que sumar leyes para proteger los recursos naturales, lo lógico en pos de la sustentabilidad es desarrollar instancias técnicas sólidas que permita dar sustento científico a las limitaciones en la extracción.

Lo segundo, es que si el foco son los problemas sociales y económicos del sector pesquero artesanal, como han dicho algunos de los parlamentarios al justificar la legislación de la jibia y ahora de la merluza, las herramientas no van por el lado de la prohibición del método del captura de un recurso sino que a través de las diferentes instrumentos de política social con los que cuenta el gobierno. De hecho, algunos de los puntos de la agenda de clase media protegida de La Moneda podrían ser más efectivos para enfrentar situaciones complejas de ciertas comunidades pesqueras.

Finalmente, es importante que se revisen en detalle las reales implicancias que tendrá ya durante 2019 la normativa nueva para la jibia. Por un lado, el impacto económico en zonas vulnerables. Una de las empresas afectadas ha públicamente informado que debió desvincular casi 370 personas de la zona de Talcahuano tras la entrada en vigencia de la legislación. Y por otro, evaluar si en temas de sustentabilidad del recurso realmente se logró el objetivo.

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