Ciberseguridad y estabilidad financiera

os incidentes de brechas en la seguridad informática en el sistema financiero, ya sea por robo de fondos o filtración de datos personales, han puesto al cibercrimen en el ojo de los actores económicos que son (o pueden ser) sus víctimas y, también, de los reguladores que deben buscar formas de adaptar las normativas a una nueva forma de amenaza.

Se trata de una amenaza cuya verdadera magnitud aún no hemos apreciado, pero que el recién publicado Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central ayuda a poner en perspectiva enumerando cinco escenarios en los que la ciberseguridad puede implicar riesgos para la propia estabilidad del sistema financiero.

Correctamente, el BC pone un fuerte acento en que la primera obligación de resguardar la ciberseguridad recae en las propias instituciones financieras, ya que “no sólo son responsables frente a sus clientes por los compromisos que adquirieron con ellos, sino que además forman parte de un sistema altamente interconectado”. En efecto, el grueso de las inversiones y de la adquisición de expertise necesarias para hacer frente a este nuevo peligro debería ser asumido por los privados, en lo cual existe mucho espacio para avanzar.

El papel de las regulaciones, de acuerdo al informe, será fijar un marco de criterios y exigencias adaptados a un nuevo entorno, estudiar la adecuación a estándares y mejores prácticas internacionales, analizar métricas de identificación y ponderación de los riesgos, calibrar las competencias de supervisión de las agencias respectivas, entre otros temas. Pero incluso si todo ello se hace a cabalidad, sólo cumplirá efectivamente su propósito si los actores económicos toman la batuta.

El desafío es claro y urgente, pues como señaló ayer un columnista en esta página, sólo existen “dos tipos de compañías: las que fueron atacadas y las que lo serán”. Tantos los participantes del sistema financiero como los agentes reguladores deberían hacer de esto un supuesto base.