Congreso y debate constructivo

usto ad portas de iniciarse la compleja discusión legislativa de la reforma tributaria enviada por el gobierno al Congreso, el rechazo opositor de la propuesta gubernamental de sueldo mínimo y el consiguiente veto presidencial para insistir en ella han acentuado la tirantez de un clima parlamentario que ya venía mostrándose difícil desde marzo pasado, cuando asumió la actual administración.

Desde ambos lados se han lanzado acusaciones de falta de disposición al diálogo y voluntad de acuerdo, con intercambio de declaraciones altisonantes que poco han hecho en favor del acercamiento.

Por un lado, es evidente que un sector de la oposición —qué tan representativo, aún está por verse— ha decidido de antemano adoptar una actitud que justifica que el gobierno reclame que le niegan “la sal y el agua”, como criticó el Presidente. Ello es lamentable y no parece el espíritu constructivo que se espera del Congreso, pero se trata de una postura política que a estas alturas no puede sorprender a nadie y con la cual el gobierno debe saber lidiar.

Por otra parte, también es claro que hay actores influyentes en la oposición que sí están dispuestos —y que consideran su obligación— a negociar con el Ejecutivo en un ánimo franco y con voluntad de alcanzar consensos donde los estimen viables. Una denuncia de obstruccionismo generalizado de toda la oposición arriesga convertirse en profecía autocumplida.

El Ejecutivo tiene la responsabilidad política —y debe tener también la habilidad— de tratar con todos los sectores de la oposición en busca de acuerdos que ayuden a impulsar su agenda legislativa y gubernativa. Fueron las urnas las que determinaron que hubiera mayoría opositora en ambas cámaras y el gobierno debe incorporar esa insoslayable realidad política en el despliegue de todas sus estrategias. Los distintos sectores de la oposición, por su parte, harían bien en recordar que esa mayoría es un mandato para la acción constructiva, no para una guerrilla parlamentaria con escasa altura de miras.