En medio de la crisis, acusar no es el camino

ace dos meses y medio, antes de que estallara la crisis social que aún no se apacigua del todo, el reclamo transversal contra el mundo político —y por lo cual éste realizaba una sentida autocrítica— era la falta de capacidad para llegar a acuerdos. Particularmente en la oposición, o en parte sustancial de ella, se había instalado un cierto afán obstruccionista que entendía que el éxito de su sector consistía en derrotar las iniciativas del gobierno y el oficialismo, y en atacar a sus autoridades. Eso tomó forma en una suerte de rechazo anticipado a las principales reformas del Ejecutivo —pensiones, salud, trabajo—, y también en las acusaciones constitucionales contra dos ministros, ambas rechazadas por su débil sustento.

Ese espíritu poco constructivo pareció disiparse en medida importante al calor de un conflicto social que adquirió visos de amenaza democrática, como admitieron figuras de la propia oposición. Con un ánimo más dialogante y colaborativo, entonces, se logró consenso en apoyar la nueva agenda social del gobierno y en iniciar el camino hacia una reforma constitucional.

Por desgracia, las acusaciones constitucionales contra el ex titular de Interior —cuando éste ya no ocupaba el cargo, algo sin precedentes— y luego contra el propio Presidente de la República marcaron un quiebre. Si a ello se suman las interpelaciones parlamentarias a cuatro ministros en enero (Hacienda, Trabajo, Salud y Medioambiente), y ahora la quinta acusación constitucional de este mandato, que busca condenar al intendente de la Región Metropolitana por su gestión de la seguridad en la convulsionada Plaza Baquedano, todo indica que dicho ánimo más constructivo fue pasajero, lo que está trabando proyectos importantes en variados ámbitos.

Resultaría preocupante que, junto con bajar la “temperatura de la calle”, vuelva a elevarse la del Congreso, como si nada hubiera ocurrido desde el 18 de octubre pasado. Que esto no ocurra debiera ser la demanda #1 de los ciudadanos.