Editorial

Ingreso familiar de emergencia: lamentable retraso

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n una tramitación parlamentaria innecesariamente tortuosa, el Gobierno consiguió la aprobación del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, que tras su paso por el Senado está en condiciones de convertirse en ley. Se trata de una iniciativa que hace un aporte directo de recursos a los hogares con mayoría de ingresos en el sector informal y que se encuentren entre los segmentos más vulnerables de la población. En este sentido, y en vista de las críticas circunstancias que enfrentan la economía y el empleo debido a la pandemia del Covid-19, debía ser un proyecto que —sin perjuicio de posteriores perfeccionamientos— contara con el decidido apoyo de una clara mayoría del Congreso, incluyendo a la oposición.

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No fue así. Pese a la urgencia de disponer de esos recursos lo antes posible para ir en ayuda de miles de familias que ya están sufriendo los embates del desempleo y la contracción económica, lo oposición rechazó el proyecto original con acusaciones de “mezquino” e “insuficiente”. Ello, a pesar de que la medida implica más de US$ 800 millones que se suman a los casi 12 mil millones anunciados en marzo pasado en el marco del Plan de Emergencia para enfrentar al coronavirus, a su vez adicionales a los cuantiosos recursos comprometidos en la agenda social diseñada para responder a las demandas del estallido del 18-O.

Fue necesario un veto presidencial para que el proyecto pasara de la Cámara al Senado, donde sólo fue aprobado porque las abstenciones de la oposición se sumaron por reglamento a los votos a favor. “La forma correcta de hacer las cosas en crisis es pensar primero en la urgencia y después discutir sobre cómo hacemos una hoja de ruta y los proyectos de mediano plazo”, dijo hace unos días el ministro del Desarrollo.

En efecto, para las familias que necesitan esta ayuda —que llegará desde fines de mayo, pudiendo haber sido antes—, éste era un claro caso en que lo urgente pesa más que lo importante. La ley se puede mejorar, pero las penurias adicionales surgidas de este innecesario retraso legislativo eran del todo evitables.

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