Editorial

La incertidumbre como (preocupante) certeza

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l Tribunal Constitucional infligió ayer un fuerte revés al Gobierno, al no aceptar tramitar el recurso que había presentado el Ejecutivo en contra del proyecto que permite un tercer retiro adelantado de ahorros previsionales desde las AFP, previamente aprobado por el Congreso, pese a vicios de constitucionalidad.

En sí misma, la decisión del tribunal admite diversas lecturas, pero al menos puede decirse sin asomo de duda que dejó al Gobierno políticamente expuesto, al punto de que poco después de darse a conocer, La Moneda anunció que promulgaría la iniciativa de los parlamentarios. De esa forma, tras meses de desgaste oponiéndose sin éxito a sucesivos retiros de fondos -y con la contradicción de haber propuesto su propio proyecto de tercer retiro hace apenas unos días-, el Gobierno aparece validando ante la opinión pública aquello que intentó frenar con notoria ineficacia.

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Ad portas de una importante elección en sólo tres semanas, la de ayer sólo fue una victoria para la agendas más cortoplacistas e instrumentales, no para la política que debate ideas y acuerda compromisos en aras del interés superior de los ciudadanos. De este proceso saldrán aun más debilitadas las pensiones de los cotizantes en las AFP, así como el sistema de cotización privada como tal, sin que hasta ahora exista una alternativa concreta y viable para sustituirlo de parte de sus detractores.

Desde la política del Gobierno a la actitud irresponsable de muchos en el Congreso, y desde la ineficacia de los partidos al pobre liderazgo de las diversas cartas presidenciales -sumado a la evidencia de que este retiro difícilmente representa la política social que pretenden sus promotores-, el desempeño de las instituciones políticas ha defraudado las expectativas de los ciudadanos (o peor aun, las ha confirmado). Que algunos actores hayan planteado la aprobación del tercer retiro como una elección entre gobernabilidad y estallido social, da cuenta un prisma que resulta incomprensible en un Estado de derecho. Y que ya otros hablen sin rodeos de un cuarto, quinto y sexto retiro previsional, es saltarse todas las reglas.

El contexto es lo que da perspectiva e invita a una sobria reflexión. Hoy, en medio una pandemia sin precedentes en nuestra historia, la agenda política lleva semanas (si no meses) secuestrada por una discusión como la descrita, que poco aporta a resolver las urgencias reales de los más afectados por una crisis que combina la amenaza sanitaria con la económica.

Cuando se esperaría que la gran conversación nacional estuviera enfocada en un plan de reactivación económica a la altura de las circunstancias, o cuando la crisis podría entenderse como una oportunidad para abordar problemas de fondo y de larga data que la pandemia ha puesto más en evidencia que nunca -educación, salud, pensiones, mercado laboral, capacidad del Estado, seguridad, etc.-, nos vemos absorbidos por una polémica que poco o nada tiene que ver con esos desafíos. Incluso la reforma constitucional, que hasta poco muchos presentaban como una virtual panacea -y que efectivamente podría brindar una instancia para abordar esas temáticas, si fuera bien utilizada-, ha pasado a segundo plano.

Lo único cierto, por ende, es la incertidumbre. Todo apunta a un cuadro político donde los actores tienen poca capacidad (o voluntad) de ordenarlo, lo que abre la puerta a un amplio rango de posibilidades, todas preocupantes desde el punto de vista institucional, en diversos temas. Cuando el Gobierno no parece capaz de controlar la agenda -cuando ésta en la práctica se le escapa de las manos-, y cuando muchos actores parecen más interesados en debilitarlo que en ayudarlo a enfrentar esta crisis, es tanto mayor la responsabilidad de quienes propongan enfoques constructivos, diálogos productivos y compromisos razonables. Que hoy parezcan ser minoría los hace aun más necesarios.

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