Migración ordenada: una política de Estado

l gobierno ha logrado que su reforma a la Ley de Migración pase al Senado, tras ser aprobada por virtual unanimidad de la Cámara de Diputados. En buena hora, ya que hacer frente al creciente fenómeno migratorio es uno de los desafíos importantes para el cual Chile carecía de una verdadera política de Estado acorde con el siglo XXI.

El abrumador y transversal apoyo con que finalmente contó la iniciativa ratifica un diagnóstico compartido sobre lo que el director de Extranjería ha llamado la “indolencia brutal” del gobierno anterior en el frente migratorio, cuando entraron al país como turistas y luego se quedaron cerca de 700 mil extranjeros, muchos de ellos en situación irregular, lo que en definitiva vulneró tanto sus derechos como la normativa. Gran parte de ello se ha resuelto desde marzo 2018 a la fecha, con la regularización de más de 100 mil visas, la reducción de los plazos de espera y la revisión de antecedentes en casos que lo ameritaban.

Ese esfuerzo es ahora complementado con una ley que apunta al objetivo de “ordenar la casa” que persigue el gobierno. La imposibilidad de cambiar el estatus migratorio una vez dentro del país, unida a la obligación de declarar la intención de permanencia en un consulado antes de viajar, parece clave para restringir tanto los ingresos como las permanencias irregulares, si bien habrá que seguir de cerca sus efectos. Parecen igualmente bien encaminado ratificar los derechos de los migrantes, o la creación del multisectorial Consejo de Política Migratoria para asesorar Presidente de la República, entre otras medidas. Por ejemplo, este diario valora la propuesta parlamentaria de elevar hasta el 40% el máximo posible de extranjeros contratados en una empresa, pues parece a tono con el mundo contemporáneo —diverso y globalizado— y con la realidad económica.

Se trata de un cuerpo legal actualizado que el país requiere, más allá de que pueda perfeccionarse, y representa un avance donde por mucho tiempo no lo hubo.