Pensiones de invalidez: llamado a la prudencia

na fundación privada que defiende los derechos previsionales de los trabajadores ha acusado a una AFP de cometer serias irregularidades, desde 2006, en la asignación de pensiones de invalidez. Estas consistirían en ponerles trabas de diverso tipo para evitar tener que pagarlas a sus afiliados o para mantener artificialmente bajos los niveles de siniestralidad del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Hasta ahora se han presentado recursos de protección en favor de dos personas supuestamente vulneradas en sus derechos previsionales por este motivo, ambos en distintas etapas de trámite. Asimismo, hay una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica basada en testimonios de los afectados. Por último, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora.

Una irregularidad tan grave como la que se señala amerita ser investigada hasta dar con la verdad. Sin embargo, pese a que no se han entregado pruebas concretas de conducta fraudulenta de la administradora de fondos en este caso particular, se ha generado en torno a él un discurso que se asemeja mucho a un juicio por adelantado. Es evidente en la convocatoria de la Coordinadora No+AFP a una movilización nacional dentro de una semana, en parte contra un presunto “boicot” a las pensiones de invalidez por parte de toda la industria. Preocupantemente, es aun más duro y amplio en boca de parlamentarios de oposición: “Aquí hay una vulneración de un derecho y nos parece impresentable que así sea”.

El curso más adecuado —sin perjuicio de otros en paralelo— es acudir a tribunales para demostrar la mala conducta (o desmentirla). La confianza en el sistema previsional ya está lo suficientemente alicaída —por razones buenas y malas— como para empeorarla con retórica encendida y oportunista. En particular la Cámara, cuya tasa de éxito en materia de comisiones investigadoras es muy baja, debería actuar con mayor prudencia ante un tema tan sensible.