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Editorial

Polémica por asesorías parlamentarias

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Las últimas jornadas en el plano político han sido acaparadas por la revelación, que tiene ribetes de escándalo, de que un número significativo de asesorías contratadas por decenas de parlamentarios correspondían a documentos públicos, cuya obtención no requería remunerar a asesores y que además fueron utilizados vulnerando en muchos casos el derecho de propiedad intelectual de sus verdaderos creadores.

La situación, que tiene contornos vergonzosos en la medida que algunos de esos informes procedían al plagio de suplementos de apoyo escolar, es un nuevo golpe a la reputación de la actividad política y sus protagonistas en el plano legislativo, quienes por mucho tiempo y desde antes de este episodio ya se encontraban en el fondo de las tablas de confianza y respeto ciudadano.

En las últimas horas la situación ha derivado en una polémica entre el Legislativo y el Ministerio Público sobre si corresponde realizar una indagación amplia más allá de las presunciones de no culpabilidad. Con ello, los congresistas alegan que buscan evitar que se produzca un daño reputacional mayor a la Corporación, ya que implícitamente se tendería un manto de dudas generalizado.

Siendo un punto atendible y que en este plano lo que corresponde es que las indagaciones avancen por los canales que contempla la ley, lo cierto es que el mundo político parece estar quedado ante la ciudadanía en una actitud cómplice y poco transparente, dedicando más energía a contener las investigaciones que a condenar las infracciones, cuestión que a la larga puede ser un paso atrás para una institución que con sus cuentas públicas inauguradas en 2015 iba en la dirección correcta en materia reputacional.

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