Editorial

Regulación a los servicios sanitarios

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Sorpresa causó hace algunas semanas la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que modifica la legislación de los servicios públicos sanitarios. La moción introduce cambios sustanciales y potencialmente muy perjudiciales para el desarrollo e inversión en este sector.

Entre otras medidas, el proyecto propone la eliminación del piso de 7% de la tasa de costo de capital y una reducción de dos puntos porcentuales en el premio por riesgo. La iniciativa parlamentaria también busca modificar la composición de la comisión de expertos que dirime discrepancias, proponiendo mantener a tres expertos, pero con dos de ellos nominados por el superintendente del área. A ello se suma un fuerte aumento de las multas, que se multiplicarían por diez en la mayoría de los casos.

A las fuertes críticas, se sumó la declaración del Ministerio de Obras Públicas, señalando que la moción no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo puesto que “cambia condiciones en el proceso de determinación tarifaria que se estiman no adecuadas para mantener niveles de inversión y de calidad de servicio a los usuarios”. Habiendo comenzado recientemente su discusión en el Senado, el Ejecutivo fue aún más tajante al manifestar que recomienda no innovar en las materias antes mencionadas, salvo en las multas, pero que vería con buenos ojos avanzar en otros aspectos que contempla el proyecto de ley, como compensaciones y el cobro por corte y reposición.

Es evidente que la iniciativa no fue analizada con la debida profundidad en su primer trámite legislativo, por lo que es positivo que surjan voces advirtiendo los perjuicios que pudiera generar su avance.

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