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Editorial

Tibia reacción ante errores en domicilios de electores

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En la recta final para las elecciones municipales del 23 de octubre persiste el festival de acusaciones cruzadas entre el Servel y el Registro Civil por la responsabilidad que les cabe a las instituciones en el cambio de domicilio que afectaría a cerca de medio millón de potenciales votantes, y que, como han advertido distintos observadores, amenaza con agravar tanto la crisis de confianza que la población manifiesta hacia las instituciones, como en aumentar el ya elevado nivel de abstención que se ha anticipado ampliamente para los comicios.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, ha confirmado que no habrá un nuevo plazo para rectificar los domicilios electorales de miles de ciudadanos que vieron cambiados sus lugares de residencia para votar en las elecciones, y ha reconocido que la situación real sobre cuánto del medio millón de electores que se encuentra en esta situación solicitó efectivamente cambiar la dirección de su residencia sólo se conocerá cuando vayan a votar la próxima semana.

La gravedad del error no guarda relación con la que parece una tibia reacción del gobierno -concentrado en una campaña para que la gente vote- y, en particular, de Justicia.

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