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Alto contraste
Clemente Pérez
Hay vándalos de cuello y corbata. Esos son los que se movilizan en automóvil (no en transporte público) y evitan pagar el tag. Y esto es preocupante, porque la evasión crece disparadamente: casi al doble (desde un 5% a un 10%) en tan sólo 5 años.
De más está decir que esa evasión la terminamos pagando todo el resto de los usuarios, ya sea directamente, porque los contratos con el MOP se extienden en el tiempo, o indirectamente, porque las empresas suben las primas de riesgo y los precios ofertados en las próximas licitaciones, a causa de la mayor evasión. En otras palabras, si alguien piensa que son las concesionarias las que pagan por la evasión, está profundamente equivocado.
Nadie puede discutir que la asociación público-privada le ha cambiado la cara al país en infraestructura: carreteras, aeropuertos, cárceles y hospitales, que jamás podríamos haber construido si hubiésemos esperado el financiamiento público. Por eso es clave cuidar este mecanismo.
“Si alguien piensa que son las concesionarias las que pagan por la evasión, está profundamente equivocado”.
Dos amenazas son preocupantes y que podrían afectar la sanidad del sistema de concesiones.
En primer lugar, y bajo la pegajosa consigna de “Chile sin barreras”, se ha venido instalando pórticos “free flow” no sólo en autopistas urbanas, sino que también en carreteras interurbanas, donde es perfectamente posible poner sistemas que cautelen mejor la evasión, como es el caso de las plazas de peaje “stop and go”, es decir, aquellas en que se levanta una barrera si el usuario se encuentra al día en el pago del tag. Este sistema ha funcionado bien donde existe espacio y es posible poner varias casetas operando en forma paralela. No sólo aseguran el cobro del peaje en esa carretera, sino que benefician a todo el sistema, pues combaten la morosidad del usuario. Por el contrario, como hemos visto, muchos pórticos free flow se traducen en mayor evasión.
La segunda amenaza la constituyen los perdonazos. Todo gobernante tiene siempre la tentación (populista, seamos francos) de condonar o bajar los peajes. Evidentemente, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Inevitablemente, cada perdonazo se traduce en mayores plazos de concesión y un retraso en una nueva licitación, que podría traer consigo nuevas obras o peajes más baratos.
Hoy los peajes ya tienen una rebaja significativa, que se mantiene en el casi absoluto desconocimiento: las tarifas contemplaban, por contrato, crecimientos de 3,5% por sobre IPC para la mayoría de las autopistas y de 1% real en varias carreteras. Eso con la idea de financiar los proyectos y también de ir combatiendo la congestión. Sin embargo, el año 2019 (post estallido), las tarifas se congelaron a crecer sólo por IPC. El punto es que, por efectos de intereses compuestos, el monto de este perdonazo debiera superar los US$ 4.000 millones, monto que debemos pagar, tarde o temprano. Una deuda enorme, que el ministro Quiroz y el CFA puede que ni sepan.
Todo nuevo perdonazo sólo aumentaría el tamaño del forado, que pagará Moya (todos nosotros), al final del día. ¿Se imagina un país en el que al estudiante que no paga el crédito le embargan su cuenta corriente, pero al automovilista que no paga, le ponen pórticos y le bajan la tarifa? Son las amenazas al sistema de concesiones que debemos evitar.
