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Alto contrasteConcesiones: el urgente desafío de crecer
CARLOS CRUZ Director ejecutivo. Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
La industria de concesiones ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de Chile, incrementando el patrimonio público en US$ 23.418 millones desde 1993 a la fecha. De hecho, se trata de la principal industria impulsada por el Estado en los últimos 30 años. Sin embargo, el debate actual suele entramparse en cuestionamientos que confunden a la opinión pública, perdiendo de vista que la alianza público-privada ha permitido alcanzar un estándar de infraestructura imposible de financiar únicamente con recursos fiscales.
Un ejemplo claro de esta distorsión es la discusión sobre los peajes. Es legítimo evaluar si son altos o bajos -regresivos o no-, pero se debe reconocer que es el Presidente de la República quien los fija con el fin de recuperar recursos que el Estado ha destinado a inversión. Las concesionarias recaudan por cuenta de este; no es un cobro arbitrario privado. De hecho, en el aeropuerto de Santiago, el privado transfiere al Fisco el 77,56% de sus ingresos comerciales. Esta recaudación permite liberar fondos públicos: si en los 90 el Ministerio de Obras Públicas solo mantenía el 14% de los caminos secundarios, hoy esa cobertura llega al 45%.
En 30 años, el sistema ha tenido una notable evolución. Pasó de concentrarse casi exclusivamente en rutas viales y aeropuertos a diversificarse hacia infraestructura de alto impacto, como hospitales, cárceles y de uso público. Hoy transita desde la construcción de proyectos totalmente nuevos hacia una compleja etapa marcada por las relicitaciones de contratos vigentes. Pese a este avance, la industria enfrenta un cuello de botella institucional: debido a los excesivos trámites exigidos a los proyectos y las demoras en acuerdos sociales o ambientales, el tiempo promedio entre la licitación y la adjudicación casi se ha duplicado, retrasando el inicio de las obras y encareciendo su ejecución.
“En 30 años, el sistema ha tenido una notable evolución. Pasó de concentrarse casi exclusivamente en rutas viales y aeropuertos a diversificarse hacia infraestructura de alto impacto”.
Las expectativas de profundizar el sistema son enormes. Mientras en la década de 2000 la inversión superaba el 1% del PIB, en 2025 se situó en un modesto 0,25% (US$ 909,9 millones). El desafío de alcanzar la meta de US$ 4 mil millones al año (equivalente a un 1,2% del PIB) que el gobierno se ha impuesto no es un capricho. No alcanzarla significa dejar de construir el equivalente a lo que cuestan cinco grandes hospitales o postergar la urgente modernización de las escuelas.
Reimpulsar con fuerza este modelo abre una ventana de oportunidad para las regiones. Permite proyectar soluciones largamente esperadas y donde existiría disposición a pagar si el servicio mejora, tales como plantas desalinizadoras, obras de riego y de transporte.
El estrés fiscal actual exige dejar atrás la parálisis administrativa. Cumplir la meta de los US$ 4 mil millones anuales requiere un marco institucional robusto y agilizar los permisos para revitalizar las iniciativas privadas. Para mejorar la calidad de vida de las familias, el camino es perfeccionar la asociación público-privada.
