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Alto contrasteDF Tax | Conflictos, impuestos y colaboración
Por Lucas Ortega, abogado tributario de Bruzzone & González.
En el contexto de un clima anómalo, influenciado por la proliferación de posiciones extremas, la tensión y falta de diálogo se trasladan a diversos ámbitos de las relaciones humanas y sociales, donde la comprensión mutua y la confianza parecen cada vez más difíciles de lograr.
La relación entre la administración fiscal y contribuyentes no escapa de lo anterior.
Durante los últimos meses han existido intercambios y críticas entre gremios de profesionales, académicos, autoridades y representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII). Algunas bien fundadas, que dan cuenta de un problema concreto: la falta de claridad en la determinación (de la base) del hecho gravado de la contribución de bienes raíces, la emisión de actos administrativos sin la debida fundamentación, el retardo en la resolución de solicitudes de devolución de impuestos, los problemas en la presentación de las declaraciones anuales de renta y las exigencias desproporcionadas para el inicio de actividades. Otras injustas: aquellas que criticando la probidad de una minoría de funcionarios públicos buscan instalar una desconfianza en la institución en su conjunto.
Muchos de los que nos dedicamos al derecho tributario y que creemos en la función de los tributos reconocemos en el SII a una institución seria, altamente técnica y especializada, cuya labor es necesaria y conducente para el financiamiento del Estado, los servicios y el desarrollo de políticas públicas. Una buena institución que también puede mejorar.
La ley 21.713 de 2024 incorporó la institución de la sostenibilidad tributaria. Ésta se refiere a la capacidad de los contribuyentes de gestionar de forma responsable, transparente y ética sus obligaciones y riesgos tributarios; y en concreto representa una oportunidad de mejorar sus relaciones con el SII, mediante el acceso a nuevos espacios de colaboración y/o comunicación.
En particular, los contribuyentes tendrán la posibilidad de obtener una (i) certificación o (ii) de suscribir acuerdos de cooperación con el SII, que acrediten que sus operaciones y estrategias fiscales están alineadas con criterios de sostenibilidad.
La certificación implica un proceso y vínculo indirecto con el SII, donde una empresa independiente (ECI) es la encargada de certificar. En este proceso, el SII mantiene la facultad de autorizar o rechazar la inscripción del contribuyente en el Registro de Transparencia Tributaria.
Por su parte, la suscripción del acuerdo de cooperación establece una relación directa entre contribuyente y SII. Este acuerdo inicia un proceso en el que el contribuyente (y en especial, el grupo empresarial) y el SII asumen compromisos específicos dirigidos a la certificación del primero y su inscripción en el registro mencionado. Este proceso incluye una instancia de diseño colaborativo de un plan de cumplimiento tributario.
En ambos casos los contribuyentes deberán desarrollar y/o revisar e implementar tres aspectos claves: (i) un plan de gobernanza que defina el órgano responsable y los procedimientos políticos y administrativos que se relacionen con el establecimiento de su política y estrategia fiscal, (ii) un marco de control que permita la supervisión y gestión adecuada y (iii) una matriz de riesgo que facilite la identificación, valoración y gestión del riesgo fiscal.
La suscripción del acuerdo de colaboración proporciona mayores certezas sobre los beneficios, ya que el SII asume compromisos concretos con el contribuyente. Entre estos compromisos se destacan la aplicación de acciones de fiscalización proporcionales al perfil de riesgo y más acotadas, el establecimiento de canales de comunicación directos (incluyendo la canalización de consultas normativas) y la asistencia técnica para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
A pesar de las limitaciones que presenta la normativa, como la falta de claridad sobre los beneficios asociados a la certificación efectuada por una ECI, y la casi nula mención y escaso reconocimiento al principio de buena fe, la sostenibilidad representa una oportunidad significativa para mejorar las relaciones y comunicaciones entre contribuyentes y SII.
Así, la certificación y la suscripción de acuerdos de colaboración pueden contribuir a aumentar los niveles de certeza y confianza, mejorando los tiempos de respuesta y reduciendo en definitiva las actuales tensiones y conflictos, imponiendo al SII también la obligación de hacer buen uso de la información obtenida.
